Carlos Crespín y Estefany Martínez*

La descentralización es un reto que el Perú tiene pendiente para gran parte de la población, específicamente, para un poco más del 70% de ciudadanos y ciudadanas que no viven en la capital[1]. La descentralización es un proceso que busca disminuir la brecha de desigualdad de recursos y oportunidades en nuestro país, lo cual implica la transferencia de funciones del nivel central al nivel subnacional, otorgando así mayor autonomía en la gestión subnacional. Tomando en cuenta la coyuntura actual, si se presta atención al sector salud, este ha seguido un camino distinto durante el proceso de descentralización, ya que, ha seguido un plan para adecuarse a las necesidades de cada región, bajo la dirección de distintas Direcciones Regionales de Salud (Diresas) a nivel nacional.

Dirección Regional de Salud (Diresa) – Ucayali (Fuente: Ímpetu)

Por un lado, el Ministerio de Salud (Minsa) es el encargado del aseguramiento universal de la salud y la promoción de las políticas públicas enfocadas en el bienestar de la población en el ámbito de salud. Para ello, el ministerio conduce las Redes Integradas de Salud (RIS), las cuales se articulan para poder contar con un sistema fortalecido y enfocado en garantizar las prestaciones de salud, así como también la protección social[2]. Asimismo, dentro de los órganos del despacho del Minsa se encuentra la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID. Este órgano se encarga de fiscalizar, supervisar, certificar y acreditar los temas relacionados con la  Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Además, también están encargadas de la supervisión y asistencia de las Diresas en todo el Perú.

Para una mejora en la calidad de los servicios de salud, el Minsa consideró, en el año 2005, poner un plan a mediano plazo, el cual duraría hasta 2009, para posteriormente transferir las facultades del Minsa a los propios gobiernos regionales[3]. Esta medida supuestamente temporal de descentralización en el sector salud pretendía que los gobiernos regionales, en conjunto con la Gerencia de Desarrollo Social y las Direcciones de Salud (Disa) y las Direcciones Regionales de Salud (Diresas) tengan mayor autonomía, y puedan ejecutar sus propias medidas de acuerdo a las necesidades locales. Así pues, hasta la actualidad, parte del dinero otorgado a los gobiernos regionales se destina al sector salud, a través de las Diresas.

De este modo, muchas de las funciones y proyectos, antes realizados por organismos del gobierno central, ahora pueden ser ejecutadas por los gobiernos regionales, las municipalidades y otras entidades como las Diresas. Por un lado, la delegación de funciones ha acelerado la ejecución de obras públicas en aras de fomentar el desarrollo de cada región a partir de un enfoque territorial más cercano. Sin embargo, pese a que la descentralización ha logrado cumplir parcialmente con algunos objetivos planteados en la Ley de Bases de la Descentralización, otros solo se quedaron como expectativas en el papel debido a factores que se fueron viendo con el paso del tiempo.

El principal inconveniente es el cambio de gestión en los gobiernos regionales y municipales. En general, cada gestión gubernamental es ejecutada según las perspectivas, opiniones, visiones e intereses de cada presidente, gobernador o alcalde, así como por los demás funcionarios públicos de turno que ingresan con las autoridades elegidas. Esto genera, en múltiples ocasiones, que cambien las prioridades de la agenda y el enfoque con el cual se abordan diversos temas y problemáticas en un determinado territorio. Por un lado, dicho cambio puede llegar a ser beneficioso, pues permite la ampliación del enfoque de gobierno y permite visibilizar distintas problemáticas que antes no eran percibidas por el gobierno de turno. Por otro lado, este también puede ser perjudicial si el enfoque del gobierno actual se contrapone al del anterior y afecta así los avances o proyectos que benefician a la gran mayoría de la población.

Área de triaje y toma de muestras del Hospital Regional de Pucallpa (Fuente: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica)

Tal es el caso del Hospital Regional de Pucallpa, en la región Ucayali. Este hospital, cuya construcción inició en el 2016, según el primer expediente técnico, debió ser inaugurado en el año 2019. Sin embargo, este no fue entregado y, actualmente, se estima que será entregado en 2022[4]. Esto quiere decir que Pucallpa, no ha contado con este hospital durante el contexto de emergencia sanitaria COVID-19 y aún brilla por su ausencia. La falta de implementos y servicios médicos en un contexto de pandemia se ha reflejado en las cifras de fallecidos y contagios en la región de lo que va durante el tiempo de emergencia sanitaria[5]. Tres gestiones del gobierno regional han estado involucradas y aún no se ha podido concluir la construcción de dicho hospital: Jorge Velásquez Portocarrero (2011-2014), Manuel Gambini Rupay (2015-2018) y, actualmente, Francisco Pezo Torres (2019-2022). Esta demora se debe, además de los pedidos de ampliación por parte del consorcio Pizzarotti, encargado de la ejecución de la obra, a los diferentes cambios en el expediente técnico, realizados por irregularidades o por cambios en las regulaciones del Minsa, así como por las diferentes perspectivas de los gobernadores sobre la ejecución de la obra[6].

En síntesis, la descentralización en el Perú, pese a haber logrado múltiples avances en cuanto a desarrollo, también presenta obstáculos. En ese sentido, sería necesario poner en discusión posibles reformas que aseguren la continuación de proyectos ambiciosos en favor del bienestar de la población y que regulen el proceso de ejecución para reducir la posibilidad de actos de corrupción. Tomando en cuenta la situación del sector salud antes de la pandemia y como esto ha impactado negativamente en la población durante la emergencia sanitaria que aún sigue, surge como prioridad que autoridades de distintos niveles y las diferentes fuerzas políticas aborden el tema de la descentralización orientado a garantizar el derecho a la salud que merecen todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Vivir o no en la capital no debería ser un determinante para acceder a servicios públicos de calidad.


[1] Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta enero del año 2020 se dio la provincia de Lima tenía 9 674 755 habitantes y representan el 29,7 % de la población total del Perú (32 625 948 habitantes). Recuperado de https://bit.ly/3iEf6e3

[2] Ministerio de Salud (2021). Organización del Ministerio de Salud. https://bit.ly/3lZcgTd

[3] Ministerio de Salud (2005). Lineamientos para la adecuación de la organización de las direcciones regionales de salud en el marco del proceso de descentralización. https://bit.ly/3xKKnAp

[4] Portal web Compras Estatales (2020). Hospital Regional de Pucallpa bajo la lupa: sobrecostos millonarios y retrasos en la entrega moderna obra. Recuperado de https://bit.ly/2XfASwq. Hasta el cierre de la columna, no se pudo acceder al artículo de Caretas que indica la fuente.

[5] Sala situacional COVID-19, Ministerio de Salud (2021). Hasta el 12 de agosto del 2021, se registraron 31 918 casos positivos y 3057 fallecidos, lo cual da una letalidad de 9,58%, cifra que se ubica por encima del promedio nacional (9,27%). Recuperado de https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

[6] Medina & Gonzáles Polar (2020).


*Estudiantes de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociados de la Comisión de Economía