Por Manuel Figueroa*
Tras seis años de iniciada la Reforma Universitaria en nuestro país, aún no somos capaces de alcanzar un acuerdo mínimo sobre la imperiosa necesidad de autoexigirnos un sistema universitario de calidad y con mayores oportunidades. En el marco de la última crisis política, la reforma universitaria nuevamente estuvo bajo el asedio de aquellos intereses que se han visto perjudicados bajo las nuevas exigencias regulatorias de calidad. Si bien el presidente de la República, Francisco Sagasti, manifestó en su primer discurso a la Nación su compromiso de “fortalecer la educación superior y el refuerzo de la Sunedu”, lo cual representa cierto alivio, el riesgo de retroceder en este tema aún es altamente elevado. Por ello, sirvan las siguientes líneas para recordar lo qu podemos perder si estos intereses particulares logran avanzar, cuáles han sido los principales retos de la reforma universitaria y qué oportunidades tenemos para ayudar a garantizar su continuidad.
Desde el 2014, el sistema universitario peruano ha pasado por una gran transformación siendo la Ley N.°30220 un punto de quiebre. La educación superior universitaria pasó de ser vista como una mercancía regulada principalmente por las fluctuaciones del mercado y baja calidad a ser tratada como un derecho que debe ser regulado por el Estado y provisto en condiciones de calidad y equidad[1].
Tras seis años, la reforma universitaria presenta un balance positivo. De no contar con ninguna responsabilidad mayor a las transferencias económicas anuales de forma inercial a las universidades públicas, hoy el Estado peruano, a través del Ministerio de Educación (Minedu), ha logrado construir un equipo profesional y competente, reunido en la Dirección General de Educación Superior Universitaria (Digesu), que atienda directamente la problemática de la universidad peruana. Asimismo, de no contar con mínimos de calidad e información confiable y accesible sobre lo que sucedía en el sistema universitario, hoy contamos con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), un organismo público autónomo y especializado, responsable del proceso de evaluación y fiscalización de condiciones básicas de calidad (CBC) de las universidades y del nuevo Sistema de Información Universitaria (tuni.pe). Los resultados publicados por la Sunedu hablan por sí solos: 94 de 142 universidades han sido licenciadas, 3 695 carreras o programas dejaron de existir por no contar con CBC, se triplicó el número de publicaciones académicas por año en Scopus entre 2014-2019, un mayor número de docentes cuenta con estudios de posgrado (de 58% a 76% en las universidades públicas), hay más docentes a tiempo completo (de 13% a 30% en las universidades privadas) y hoy se exige el cumplimiento de mecanismos de lucha contra el hostigamiento sexual y el plagio en todas las universidades. Algo también muy importante es el trabajo de fiscalización que hoy la Sunedu realiza a las exoneraciones tributarias de las universidades privadas, algunas de las cuales han sido multadas por beneficiarse de millonarios fondos que fueron destinados a actividades sin objetivos educativos[2]. En general, hoy todos los miembros de la comunidad universitaria; a saber, autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y personal administrativo, tienen en el Minedu y la Sunedu dos potentes aliados en el Estado con quien dialogar y exigirle cambios y mejores condiciones sobre la política pública de educación superior universitaria.
Llegar a este punto no ha sido para nada fácil. Como en toda reforma, quienes se vieron afectados por el cambio de las reglas de juego no se quedaron de brazos cruzados y desde antes de que se publicara la Ley N.° 30220 pusieron en marcha una serie de acciones para detenerla. Así, quienes seguimos de cerca el tema pudimos ser testigos de la abierta rebeldía de varias autoridades universitarias reunidas en la ex Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que, tras la publicación de la nueva Ley Universitaria, se rehusaban a reconocer el rol de la Sunedu. Otros actores privados, entre ellos la Confiep, la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes) y sus voceros, organizaron una dura campaña mediática en contra, quienes calificaban a la Ley Universitaria de “intervencionista”, “retrógrada”, “freno a la inversión”[3] y una “vejación de la libertad de pensamiento”[4]. También se abrió el frente constitucional con tres demandas de inconstitucionalidad, las cuales no prosperaron, contra diversos artículos de la nueva Ley Universitaria presentadas por el Colegio de Abogados de Lima Norte, congresistas de la República y el Colegio de Abogados de Lima. Y desde el Congreso, parlamentarios de oposición, algunos vinculados directamente con universidades que se verían afectados por el nuevo marco regulatorio, promovieron hasta seis intentos de modificación de la ley con el objetivo de debilitarla[5].
El esfuerzo de continuidad sobre lo avanzado es constantemente limitado por aquellos intereses mafiosos que subsisten y que buscan hacernos retornar a una situación previa al 2014; es decir, un escenario de mediocridad, estafa y poca transparencia en la mayor parte del sistema universitario. Tal como ha venido sucediendo durante los últimos seis años, estos intereses han encontrado en el Congreso su principal lugar de convergencia. Así, durante la pasada turbulenta semana, mientras el país estaba al borde del abismo, estos intereses representados en el Congreso intentaron introducir modificaciones legislativas para flexibilizar las exigencias de calidad a un grupo de universidades que no cumplieron con lo exigido por la Sunedu, así como crear más universidades públicas en contra del Ministerio de Educación y el sentido común.
Para garantizar la continuidad y profundización de la reforma universitaria es necesario alcanzar un acuerdo político fundamental, el cual es la necesidad de autoexigirnos como sociedad un sistema universitario de calidad ¿Es posible alcanzar y mantener este acuerdo? Existen varios elementos para ser optimistas sobre la continuidad de la reforma universitaria y la ilusión de poder contar en la próxima década con un mayor número de universidades peruanas entre las mejores de la región. Un primer elemento es la calle. La mayoría de la opinión pública es consciente de la relevancia de la calidad de la educación y por ello se ha manifestado a favor de la reforma universitaria y su continuidad. Una de las motivaciones para salir a protestar durante la última semana fue justamente la potencial amenaza que, desde la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso, se realizaran modificaciones a la Ley Universitaria que buscaban debilitarla. Un segundo elemento es el creciente apoyo de la propia comunidad universitaria cuyos miembros son testigos directos de los beneficios de la reforma. Muestra de ello es el continuo respaldo mostrado por universidades públicas organizadas en la nueva Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp), universidades privadas con y sin fines de lucro y gremios estudiantiles. Finalmente, un tercer elemento, tal vez motivado por los dos anteriores, es el respaldo de algunos líderes políticos que han manifestado su deseo de apoyar y respetar el trabajo de la Sunedu. Por lo pronto, el presidente Sagasti señaló, en su primer discurso a la Nación, su compromiso de respetar la institucionalidad, autonomía y competencias de la Sunedu. Una demostración de aquello ha sido la designación de Ricardo Cuenca como ministro de Educación, quien además de contar con una importante trayectoria de investigación académica sobre este tema, ha defendido sostenidamente la reforma universitaria.
No bajemos la guardia. Aquellos intereses mezquinos que hoy están perdiendo dinero a cambio de un mejor futuro para nuestros jóvenes no descansarán y volverán al ataque cuando tengan la oportunidad para no verse afectados. Defendamos lo avanzado y continuemos aportando para lograr un sistema de educación superior, universitaria y técnica, de mayor calidad y al alcance de todos los jóvenes.
[1] Benavides, Martín; Chávez, Carmela y Adriana Arellano (2016) La construcción política e institucional de la reforma universitaria: Los casos del Perú y Ecuador. EN: Cueto, Santiago (ed.) Innovación y calidad en América Latina. ILAIPP y GRADE, pp. 155-194. Disponible en: https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/ILAIPPGRADE_innovcalEdu.pdf
[2] Salazar, Elizabeth (2020) Calidad educativa: la promesa detrás de las millonarias exoneraciones tributarias. Ojo Público. Disponible en: https://ojo-publico.com/2198/educacion-la-promesa-detras-de-las-exoneraciones-fiscales
[3] Salazar, Elizabeth (2019) Gremio de la Confiep acude al Poder Judicial para mantener privilegios tributarios de universidades. Disponible en: https://ojo-publico.com/1507/gremio-de-confiep-busca-liberar-de-impuestos-universidades
[4] Perú 21, 2014 citado por Benavides, Martín; Chávez, Carmela y Adriana Arellano, 2016:164.
[5] Cuenca, Ricardo (2020) El día después. La agenda de calidad universitaria en el Perú. Pensamiento Universitario, Año 19, Nro. 19. Disponible en: http://www.pensamientouniversitario.com.ar/index.php/2020/09/22/el-dia-despues-la-agenda-de-calidad-universitaria-en-el-peru/
* Licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, es estudiante de la maestría en Políticas Públicas con mención en Gobernanza y Desarrollo en el International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam y University of York.
** La Asociación Civil POLITAI agradece a Manuel Figueroa por publicar su comentario en este medio. La Asociación no comparte necesariamente las opiniones del autor