Ana Gabriela Lévano García*
A la crisis sanitaria que seguimos enfrentando debido a la pandemia de la COVID-19, se le suma otra emergencia: la crisis alimentaria. Esta no es de origen reciente; de hecho, durante los últimos 30 años el Estado peruano ha implementado distintas estrategias para asegurar el derecho a la alimentación en los sectores más vulnerables del país, tales como diversos programas sociales focalizados (Pronaa, Foncodes, Vaso de Leche, Qali Warma). Sin embargo, la pandemia ha demostrado que este derecho humano está lejos de ser garantizado para todas y todos los peruanos. Los primeros días de la declaración de la Emergencia Sanitaria evidenciaron la imposibilidad de muchas y muchos para acatar las órdenes de confinamiento y medidas de distanciamiento social. «Yo me quedo en casa» no era una opción viable para quienes se alimentan de los ingresos obtenidos del trabajo diario. Frente a la lentitud, insuficiencia e insostenibilidad de las respuestas estatales ante esta otra crisis, las Ollas Comunes surgieron como una iniciativa comunitaria, espontánea, autoorganizada y de supervivencia, principalmente en la capital.
Esta no es la primera experiencia de las Ollas Comunes en nuestro país; surgieron por primera vez durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90, haciendo frente también a un periodo de crisis (Santandreu, 2020). En ambos momentos, la participación de las mujeres fue mayoritaria y esencial para la supervivencia de sus familias y comunidades. Actualmente, ellas participan de la organización comunitaria de distintas formas: cargando leña o agua para la cocina, comprando alimentos en los mercados, en la preparación de los platos o en tareas administrativas. Además, en este contexto muchas de las dirigentas han asumido un rol político importante, canalizando sus demandas comunes por medio de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, la cual se reúne periódicamente con representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Incluso, su participación ha sido protagónica en el desarrollo del Proyecto de Ley N 7821, de la exparlamentaria Mirtha Vásquez, la cual tenía como finalidad la declaración nacional de la emergencia alimentaria.
Pese a que las coyunturas de los 90 y de hoy son diferentes, parte de la historia se repite. Nuevamente, como sucedió durante el gobierno fujimorista, se han hecho públicas las denuncias acerca del uso clientelar que se le da a la ayuda alimentaria. En ese sentido, hace algunas semanas, dirigentas de Ollas Comunes han denunciado que las autoridades locales de algunos distritos de la capital han distribuido los alimentos del programa Qali Warma solamente a aquellas ollas y dirigentes/as que cumplan con condiciones y «favores» durante sus campañas proselitistas (La República, 2021a). A este uso desregulado de la ayuda alimentaria estatal se le suman otros problemas a resolver; por ejemplo, la desproporción entre el apoyo alimentario estatal y las características de las Ollas Comunes. Las canastas, entregadas mensualmente, otorgan alimentos insuficientes para abastecer a las ollas por más de dos días (La República, 2021b).
Para enfrentar estas deficiencias, es necesaria la consolidación de un registro único de Ollas Comunes, tanto en Lima Metropolitana como en el resto del país, donde estas organizaciones comunitarias también se han establecido en menor medida. Se ha avanzado con un registro, impulsado desde la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria de Lima y desde el MIDIS; no obstante, los gobiernos locales deben participar y aportar a su consolidación para tener una base de datos que corrobore y tome en cuenta la información recogida por los municipios. Contar con un registro general de Ollas Comunes permitiría una mejor distribución de la ayuda alimentaria, teniendo en cuenta la realidad y emergencia a la que responden; es decir, considerando cuántas organizaciones comunitarias están establecidas en cada distrito y cuántos beneficiarios se alimentan en estas cada día. Además, permitiría tener mayor transparencia en los gobiernos locales, con el fin de evitar el uso clientelar del apoyo alimentario.
En el Perú, la alimentación es un derecho humano en emergencia que ha sido gravemente atentado durante el periodo de pandemia. Hoy en día, se registran al menos 1919 ollas comunes solo en Lima Metropolitana (Municipalidad de Lima, 2021); en las cuales, la participación organizada de las mujeres ha sido, una vez más, esencial para la supervivencia de sus familias y sus comunidades. La organización comunitaria ha permitido responder con urgencia a esta necesidad básica insatisfecha, que continúa afectando gravemente hoy a miles de peruanas y peruanos.
FUENTES:
La República, 2021. Ollas comunes reciben migajas y las raciones no alcanzan. Recuperado el 28 de agosto de 2021 de: https://data.larepublica.pe/ollas-comunes-reciben-migajas-y-las-raciones-no-alcanzan/
La República, 2021. Ollas Comunes fantasmas, un golpe bajo a la emergencia alimentaria. Recuperado el 28 de agosto de 2021 de: https://data.larepublica.pe/ollas-comunes-fantasmas-un-golpe-bajo-a-la-emergencia-alimentaria/
Municipalidad de Lima, 2021. Registro de Ollas Comunes de Lima Metropolitana: http://ollascomunes.gpvlima.com/
Proyecto de Ley N 7821 de Congresista Mirtha Vásquez (2021): https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL07821-20210601.pdf?fbclid=IwAR0WTKDeAjMkU1x0d6gsbKyXaTqPogFj4Lz4aJAkAMaiIGGx5mIIUJ8Ao5k
Santandreau, 2020. Ollas contra el hambre: entre la victimización y la resistencia.
*Ana Gabriela Lévano García, estudiante de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociada de la Comisión de Imagen.