Por Daniella Lucía López Lancho
Los procesos electorales en nuestro país se caracterizan no solo por su volatilidad e impredecibilidad, sino porque tienden a levantar las pasiones más férreas en un corto plazo de tiempo en grupos poblacionales que pocas veces se ven representados y se aferran, finalmente, a una breve esperanza de cambio para la atención de demandas históricamente insatisfechas.
Si bien esta descripción aplica para la población en general, cabe señalar la situación particular de los pueblos indígenas u originarios[1] en nuestro país. Los pueblos indígenas vienen planteando diferentes demandas relacionadas con los procesos electorales que pasan por el incremento de mesas de votación en ámbitos con menor acceso geográfico y que exige que la población gaste más en el traslado que en la multa por no votar; hasta por la necesaria representatividad por cuotas en el parlamento.
Estas situaciones se han presentado a las instancias correspondientes y han sido motivo de una serie de mesas de diálogo y propuestas que, si bien han generado algunos resultados positivos como el incremento de autoridades indígenas en distritos representativos, aún permanece la necesidad de una real representación indígena en términos cuantitativos (por cuotas) y cualitativos (con una agenda que recoja la realidad de la diversidad de nuestro país).
Sin embargo, la representación por cuotas genera un incentivo perverso por agregar en las listas congresales o en las planchas para autoridades locales a población indígena cuya “validez” dependerá de las decisiones de las autoridades indígenas en cada zona. Es decir, se agrega la representación indígena “por cumplir” y se condiciona a la confirmación de las autoridades indígenas.
En este mismo sentido, se debe tener en cuenta que al interno de los 55 pueblos indígenas en nuestro país y las más 8 mil localidades[2] en las que se organizan, no se tiene una sola representación o voceros y voceras que a nivel nacional trasladen sus necesidades de los por cada región y localidad. Ello supone que las autoridades mantengan conflictos internos y la definición de las y los representantes esté sujeta a la representatividad que cada jefe, presidente o “apu” de comunidad adquiera. En muchos casos, la toma de decisiones fundamentales en las comunidades y la coordinación con alcaldes distritales y provinciales se ve paralizada hasta concretarse las elecciones internas de cada localidad y eso, evidentemente, genera consecuencias en los planes de desarrollo territorial, político y social de los pueblos.
Fuente y elaboración: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura y Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Nativas y I de Comunidades Campesinas
En este contexto, la situación de los pueblos indígenas en el actual proceso electoral se ha visto marcada, más que antes, por las brechas de acceso a servicios básicos, las mismas que se han incrementado durante la emergencia sanitaria.
Fuente y elaboración: Encuesta Nacional de Hogares 2019 – INEI – Elaborado por el Ministerio de Cultura.
A partir de la imagen 2, se evidencia cómo las brechas son históricas y sustentan la agenda y demandas de la población indígena en los últimos años. Las cifras que ahí se detallan corresponden a los resultados de las últimas Encuestas Nacionales de Hogares, pero no recogen la situación durante la emergencia sanitaria aún; sin embargo, a partir de la implementación de la Estrategia de Alerta, Seguimiento y Monitoreo de pacientes sospechosos de la COVID-19 en pueblos indígenas y el pueblo afroperuano del Ministerio de Cultura[3], se cuenta con información a nivel local de los jefes y miembros de cada comunidad, no solo sobre la presencia probable o probada del virus en cada zona, sino del modo en que esta situación de emergencia ha afectado a cada pueblo incrementando brechas geográficas, de acceso a salud con pertinencia cultural y a medios de prevención y bioseguridad en cada ámbito.
Si bien las acciones del Estado han estado sujetas a los marcos legales necesarios (de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1489) para contar con el presupuesto que permita dotar a la población de los servicios que permitan reducir los impactos de la COVID-19, los esfuerzos desplegados siempre serán insuficiente cuando se atiende de forma directa y “en campo” demandas que trascienden a la pandemia.
Precisamente esta es una situación a la que se han visto enfrentadas las propuestas electorales que intentaron colocar la agenda indígena como parte de sus planes de gobierno. Lamentablemente la temática fue abordada con cierta profundidad tal vez por un par de partidos políticos, en el mejor de los casos, y sin considerar propuestas concretas a las demandas más urgentes de esta población.
El escenario de diversidad que muchas veces es resaltado por candidatos y políticos deja de lado de forma permanente la situación de los pueblos indígenas antes, durante y después de un proceso electoral y, si bien una descripción detallada podría ser materia de una investigación extensa, algunas ideas generales son las que resumen en parte lo que se vive actualmente tanto en ámbitos amazónicos como andinos:
- Acceso territorial y dispersión de la población: A muchas comunidades con presencia de población indígena se accede únicamente por vía fluvial, la cual se ve dificultada por la presencia de lluvias (estacionales) y la deficiencia de medios o recursos para el transporte del material electoral; así como del equipo profesional a cargo. Esto afecta también en la menor disposición de mesas de votación en los lugares más alejados.
- Brecha de conectividad: Localidades, comunidades y distritos con poca o nula conectividad a la señal telefónica y de internet, dificultan el acceso a medios masivos de comunicación y a la difusión de mensajes oficiales relacionados con los procesos electorales vigentes. Este vacío es cubierto por información falsa o parcializada de grupos locales.
Por su parte, cabe señalar que se ha identificado que existen zonas donde la señal telefónica no llega, pero se cuenta con servicios no oficiales de alquiler de wifi, principalmente en frontera. Esto es poco sabido por candidatos a cargos nacionales, donde no se prioriza la información y entrega de propuestas a nivel local. De esta manera, cuando se llega o accede a un mensaje político por estos medios el impacto siempre será mayor.
- Información fragmentada: La falta de información alineada y pertinente entre los representantes y voceros de los partidos políticos o coaliciones en contienda, deja espacio a la confusión e inseguridad incrementando así la desconfianza de la población en la clase política.
- Desconfianza local hacia el Estado: La desatención estatal de larga data a los pueblos indígenas u originarios, sumado al incumplimiento de compromisos y la precariedad del sistema de salud pública en el contexto de pandemia, genera rechazo y temor de participar en los comicios electorales. Se indica que ir a votar sería un riesgo y no hay seguridad por parte de las autoridades del cumplimiento de medidas de prevención que eviten que luego lleven el virus a sus comunidades.
- Desconfianza generalizada en la clase política: Se debe, en parte, a la falta de participación y representatividad de los pueblos indígenas en espacios de toma de decisión en los últimos años. La participación en mesas de diálogo y procesos de consulta exitosos aún se ven como casos aislados que no cubren la demanda de participación vigente.
- Grupos religiosos y voto por jerarquía: La influencia de iglesias y cultos locales cobra mayor relevancia en situaciones de decisión colectiva. Un claro ejemplo de ello es el rechazo a la vacuna por comunidades, en atención a información que difunden iglesias locales. Lo mismo sucede en espacios electorales, los votos se definen de acuerdo a lo que indica el líder o lideresa religiosa sin mayor debate al respecto.
En el mismo sentido, cuando no hay mayor influencia de grupos religiosos prevalece el voto por jerarquía a nivel de comunidades. Es decir, se vota de acuerdo a lo que la comunidad decida, donde muchas veces prima la decisión del jefe, presidente o apu. Finalmente, en los casos aislados en que se deja la decisión de la votación en “libertad” se buscará siempre un referente que oriente la decisión (un referente familiar, la persona encargada de programas sociales de la municipalidad u otra persona que se considere “autoridad”), siempre que se cuente con los recursos necesarios para trasladarse desde la comunidad hasta el centro de votación.
- Falta de personal intercultural en los espacios de votación: Considerando que el personal que orienta a la población el día de la votación es crucial para garantizar el desarrollo adecuado de la jornada, y aún más en contexto de emergencia sanitaria, que no manejen las lenguas indígenas más habladas del distrito por ser personal trasladado de Lima u otras ciudades intermedias es una barrera común y que no tiene prevista aún ninguna solución en el corto o mediano plazo.
La barrera lingüística es una de muchas otras que suponen la atención con pertinencia cultural y que, a pesar de ser la más tangible, muchas veces no se prioriza dentro de las oportunidades de mejora para los procesos electorales futuros.
A la fecha no se cuenta con un registro oficial que nos permita aproximarnos a una cifra sobre el porcentaje de ausentismo electoral en la población indígena; sin embargo, la información cualitativa recogida por el Ministerio de Cultura demuestra que muchas de las razones detalladas han mellado en el ejercicio de las votaciones en primera vuelta y muy probablemente generen un impacto similar en la segunda vuelta.
No obstante, siendo esta una situación decisiva que alberga nuevas esperanzas de cambio luego de 200 años de demandas insatisfechas, la situación podría ser diferente, manteniendo la tradición del voto disciplinado por jerarquía a nivel de comunidades y pueblos.
[1] Los pueblos indígenas u originarios son aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país y región; conservan todas o parte de sus instituciones distintivas; y que, además, presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria.
[2] Localidades de pueblos indígenas u originarias: corresponde a los espacios geográficos donde habitan y/o ejercen sus derechos colectivos el o los pueblos indígenas u originarios, sea en propiedad o en razón de otros derechos reconocidos por el Estado o que usan u ocupan tradicionalmente. Dichos espacios pueden recibir diferentes denominaciones, entre las cuales destacan las siguientes: anexo, asentamiento, barrio, caserío, comunidad campesina, comunidad nativa, entre otros.
[3] Aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2020-MC.
Imagen de portada obtenida de Ojo Público