Gabriel Ramos*
Piero Guezzi (2020) en “El Estado productivo”, sostiene que la verdadera traba con nuestro Estado “no es la cantidad de tareas que realiza, sino qué tan bien las hace” (p.45). El autor nos dirige a una discusión práctica sobre la capacidad estatal en la implementación de políticas públicas, y cómo esta es más útil frente a posturas que se centran en mayor alcance del Estado, o por el contrario en minimizarlo. El énfasis no solo está en el diseño, sino en las herramientas de implementación que finalmente permitan alcanzar resultados en los ciudadanos y ciudadanas. En este marco, quisiera aterrizar al sector cultura, y sugerir algunos puntos críticos de intervención.
Independientemente del modelo de política cultural por el que se apueste, la capacidad del Estado es uno de los determinantes para alcanzar resultados. El Ministerio de Cultura ha tenido 17 periodos ministeriales en los 11 años de su existencia. Solo en el gobierno de Martín Vizcarra tuvo 7 ministros en un poco más de 2 años y medio. Una situación que no hace más que hacer visible la poca relevancia que los gobiernos le han dado a la cultura. Incluso, a la luz del escándalo por las contrataciones de “Richard Swing”, surgieron cuestionamientos sobre la importancia de las políticas culturales y en los extremos, voces disidentes con la existencia de un Ministerio de Cultura en el Perú. Nuestra institucionalidad cultural es aún precaria, y con ello el nivel de impacto de la política cultural.
Se ha logrado establecer políticas nacionales que conducen la intervención en cultura. Se aprobó la Política Nacional de Cultura al 2030, cuyo objetivo es garantizar los derechos culturales, y la Política Nacional de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad al 2040, orientada a los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas u originarias. Está pendiente la aprobación de las políticas del libro, de los pueblos indígenas u originarios y del pueblo afroperuano. Este es un primer paso, porque el sector ya cuenta con objetivos nacionales delimitados, sin embargo, hay mucho por hacer para no caer en la vieja costumbre de sobrescribir el “qué”, pero no desarrollar el “cómo”. Por eso la importancia de la capacidad de implementación.
¿Más presupuesto? No necesariamente. Poco o nada va importar más presupuesto si no hay una conexión consistente entre los objetivos trazados, los productos, las reglas de asignación presupuestal y la capacidad de ejecución. Es evidente que, en el proceso político y técnico de la repartición del presupuesto, el Ministerio de Cultura se ha visto desfavorecido. Pero también es evidente que la formulación de políticas y el proceso presupuestal se da en cuerdas separadas. Cultura cuenta con dos programas presupuestales (PP140 y PP132) que necesitan actualizarse a la luz de los resultados establecidos en las políticas y de la nueva directiva que hace énfasis en la formulación de teorías de cambio e intervenciones basadas en evidencia. Eso implica reasignar el presupuesto a paquetes integrados de intervenciones de alto impacto y costo – efectivas con líneas de producción bien estructuradas, frente a una intervención basada en la inercia o en las buenas intenciones. Si el presupuesto es limitado, debemos saber dónde priorizar la inversión y cómo ejecutarla.
Además, las metas de política nacional no se van a alcanzar solo con la intervención del Ministerio de Cultura, ninguna organización por sí sola puede abordar problemas complejos y multicausales. Por eso la capacidad de articulación en todos los niveles y la gestión territorial de la política cultural son cruciales. El Ministerio de Cultura cuenta con un esquema desconcentrado, en tránsito hacia la descentralización. Aun así, existen competencias compartidas en los tres niveles de gobierno que por ley deben cumplirse. Además de fortalecer las direcciones desconcentradas, se debe buscar alinear la acción de los gobiernos regionales y locales, territorializando la política nacional. Esto implica abordar aspectos organizacionales, formular políticas y planes regionales, crear incentivos, habilitar programas presupuestales, y consolidar una gobernanza territorial que permita articulación, participación, toma de decisiones y seguimiento para garantizar el acceso a los servicios priorizados.
Otra herramienta clave es la gestión de la información y el conocimiento. Fortalecer la capacidad de recopilar, procesar y analizar información y conocimiento es indispensable para el éxito de las intervenciones. Se dice que en el sector no hay información o es limitada, pero lo que falta es capacidad para gestionarla, al fin y al cabo, las organizaciones producen datos día a día. Debemos mejorar paulatinamente la forma en la que medimos el cumplimiento, mejorar el registro con el que delimitamos nuestra población objetivo, pero a su vez construir indicadores de gestión coherentes que permitan monitorear insumos críticos y las prestaciones en tiempo real. Mejores sistemas de información y conocimiento ayudan a obtener aprendizajes institucionales, tomar mejores decisiones, desarrollar una cultura de datos abiertos y sobre todo generar transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente, la implementación requiere además de las capacidades de gestión de la entidad y las instaladas en los puntos de atención, que se tome en cuenta la expectativa del usuario y su experiencia en el servicio como dominios críticos para detectar fallas (Cordero en CAF, 2020). Si las intervenciones no consideran en su implementación los atributos que el usuario aspira y estándares que mejoren su experiencia, los desencuentros van a ser mayores y la legitimidad ínfima. Aquí es donde debemos sopesar la norma técnica de cara al ciudadano, aplicar enfoques para conocer más su comportamiento y aspiraciones, fortalecer las estrategias de comunicación y dar un salto desde la necesaria pero insuficiente medición de la cobertura, hacia la evaluación de la calidad.
Todos estos son procesos que han ingresado a la agenda de gestión del Ministerio de Cultura, a pesar de la inestabilidad de los últimos años. Son algunos de tantos puntos que deben consolidarse para que a pesar de las decisiones arbitrarias que cualquier gobierno de turno quiera tomar, se garantice un mínimo de consistencia en la gestión orientada a resultados. Porque decir que somos sujetos de derechos culturales no se contradice con que para hacer realidad eso, necesitamos de un Estado con la capacidad de tomar decisiones y brindar servicios de calidad en beneficio del ecosistema cultural. No es una contradicción.
Referencias:
Ghezzi, P. (2021). El Estado productivo. Una apuesta para reconstruir la relación entre mercado y Estado en el Perú de la pospandemia. Lima: Planeta.
https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/1377322-0030-2020-ef-50-01
*Gabriel Ramos, Licenciado de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú