La política de los conflictos socioambientales 

Iván Lanegra
15 de mayo de 2015

«No politicemos esta discusión.» «Aquí hay que seguir criterios estrictamente técnicos.» «Los técnicos deben sentarse y definir qué es lo mejor.» «Hemos evaluado técnicamente el proyecto y no hay de qué preocuparse.» Todas estas frases puede encontrarlas en las declaraciones de los actores involucrados en las decenas de conflictos socioambientales que ocurren cada año en el Perú. Pareciera que el problema es la intromisión de la política en un campo -el ambiental- que debería ser el dominio de la técnica. A mayor transgresión, mayor la conflictividad. ¿Es esto cierto?

Desde luego la técnica y el conocimiento científico son cruciales para construir la política y la regulación ambiental. Y sería ingenuo -o hipócrita- negar los intereses políticos que pueden rodear los conflictos sociales. Mi punto es que normalmente el centro de una controversia socioambiental alrededor de un proyecto de inversión no es una cuestión de demostración científica. Es, en lo esencial, un debate sobre qué opción elegir en un contexto de incertidumbre, de confianza interpersonal e interinstitucional, así como de evaluación de la justicia existente en las condiciones bajo las cuales los actores deciden.

Lo que tenemos es una disputa sobre el futuro. Se polemiza sobre una mina que va a construirse pero que aún no existe. Sobre impactos que podrían producirse pero que aún son hipotéticos. Sobre cambios en nuestra vida que en dicho momento solo cabe imaginar. Lo que se ofrece son escenarios probables mediados -con mayor o menor certidumbre- por el conocimiento científico. Y en ese proceso la experiencia, la historia, los antecedentes, pueden construir imágenes muy poderosas. Tanto positivas como negativas. Es natural que las personas afectadas del proyecto miren con inquietud lo que viene. ¿Estaré mejor, peor, igual, en qué será diferente mi vida? Lo que se requiere, en particular en los proyectos de mayor escala, es construir un relato creíble sobre el porvenir.

Al ser un pacto sobre el futuro, las personas necesitan garantías de la buena fe de las partes. No sólo sobre la veracidad y calidad de la información que ofrecen. También de que todos cumplirán lo acordado. Y no sólo eso. También de que responderán ante los mil y un avatares que puede presentar una iniciativa empresarial. Que ante la adversidad -más allá de las responsabilidades que pudieran determinarse- estarán ahí. Se trata de confianza, que en emprendimientos complejos no puede limitarse a las relaciones cara a cara. Es necesario institucionalizarla.

Pero las partes en un conflicto casi nunca actúan en un plano de igualdad. Por el contrario, es un proceso habitualmente asimétrico en donde la población local suele ser el lado débil. No obstante, la ciudadanía está dispuesta a aceptar una decisión que considere mínimamente justa. Desde luego, muchas veces terminan tolerando a regañadientes condiciones injustas, pero esto genera situaciones inestables que pueden derivar en nuevos conflictos.

Atender todas estas dimensiones no es una tarea técnica, sino política. Implica construir, mediante procesos políticos, escenarios confiables sobre el futuro, sobre la base de relaciones personales e instituciones eficaces, eficientes y transparentes. Pero esta es la buena política. Porque la necesidad de política no desaparece a fuerza de declarar que ella no es necesaria. Por dicha razón uno observa –a pesar de las declaraciones a favor de una pureza técnica–  acciones políticas. Pero de las malas. Que debilitan instituciones, que permiten el eventual aprovechamiento del conflicto para objetivos particulares –y que facilitan incluso la corrupción–.

Parte del discurso político reinante busca deslegitimar al contrario con epítetos simplificadores y peyorativos – “anti”, “terrorista”–. Al final, ante el fracaso de la política solo queda la coerción. ¿El resultado?  Violencia, pérdida de vidas humanas, heridos, miedo, rabia, pérdidas económicas, mayor desconfianza en la política, alegatos a favor de la mano dura, etc.

Asumir que las tareas frente a la conflictividad socioambiental son esencialmente políticas no debe llevarnos a desconocer la relevancia de la técnica y del conocimiento científico. Son los ladrillos de la política ambiental. Pero una ruma de briquetas no nos dice nada sobre lo que queremos construir. Ni ningún muro de ladrillos tendrá solidez sin la argamasa de la buena política.

*La Asociación Civil POLITAI agradece a Iván Lanegra (Pontificia Universidad Católica del Perú) por publicar su comentario en este medio. La Asociación no comparte necesariamente las opiniones del autor.