Por: Renato Quiroz *
El segundo semestre del 2019 estuvo caracterizado por la erupción de varias manifestaciones en América Latina. Pese a que las razones no son las mismas en todos los territorios, las medidas económicas adoptadas por los gobiernos estos últimos años, fueron un punto de inflexión para que la inconformidad popular desembocara a las calles a modo de protesta en decenas de ciudades de la región. Ecuador es uno de los países sumergidos en esta crisis política y los presagios no apuntan a un panorama de armonía, pues la llegada y expansión del COVID-19 en el país no ha hecho más que agudizar los conflictos más recientes que acarrea la sociedad ecuatoriana.
El 11 de marzo del 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la entrega a Ecuador de créditos de hasta US$4.200 millones con la intención de que el gobierno de Lenin Moreno redujera el déficit fiscal. Este endeudamiento derivó de reformas estructurales económicas de corte neoliberal que datan de los años 80, es decir, el “aterrizaje brusco de la economía norteamericana” en suelo latinoamericano provocó una recesión agravada[1]. Desde aquel período hasta la actualidad (como es evidente) organizaciones como la FMI intervienen en países latinoamericanos para acoplarlos a la economía mundial[2]. Todo ello forma parte de una hegemonía neoliberal que se ha consolidado a través del tiempo en Ecuador y el resto de Latinoamérica. Inclusive dicha hegemonía ha generado contradicciones e inercias en la transición del ámbito social-mercantil al ámbito público estatal [3] como lo intentó el gobierno denominado o autoproclamado izquierdista de Rafael Correa.
El gobierno de Moreno no pudo desligarse de esta tendencia, por lo que tras lo pactado con el FMI anunció medidas de austeridad. Según Amnistía Internacional, Moreno anunció una flexibilización laboral, la eliminación de beneficios para funcionarios públicos y la eliminación de subsidios al combustible. Esta última fue anunciada el 2 de octubre y fue la más controversial. Frente a ello, se desataron protestas lideradas por el movimiento campesino indígena, ocasionando que Moreno decretara, al día siguiente, el estado de excepción. La importancia de dicho movimiento reside en su rol vinculador entre diferentes movimientos sociales tras convergencias multisectoriales en los últimos años[4]. Dichas convergencias trascienden las reivindicaciones sociales hasta el punto de cuestionar la política económica. Así, el movimiento indígena ecuatoriano es uno de los más trascendentes y consolidados de la región latinoamericana.
El movimiento campesino indígena ecuatoriano no forma parte de la narrativa que nos presenta una fuerza social desarticulada o mermada por una adversidad de dimensiones estatales. La literatura sobre la acción colectiva del campesinado de siglos pasados señalaba que esta carecía de propósitos o solidaridad para ser un movimiento social. Además, sus reclamos giraban, únicamente, en torno a los derechos que les concernían, lo que les impedía trascender al ámbito urbano[5]. Al contrario, el movimiento indígena ecuatoriano representa un protagonismo político que trasciende cuestiones étnicas o culturales, pues ha representado relevantemente la oposición a la aplicación del ajuste neoliberal[6]. Su fortaleza incluso generó que otros grupos sociales como transportistas, estudiantes y sindicatos se acoplaron a este para canalizar sus demandas. Es así como el movimiento exigió que se dé marcha atrás a los “paquetazos”, puesto que atentaban contra los derechos humanos y del trabajador, y eran insostenibles para las clases populares. Así, el 13 de octubre del 2019, debido a las protestas masivas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el gobierno de Moreno establecieron un diálogo que culminó en acuerdo en dejar sin efecto las medidas de austeridad ni el Artículo 883, es decir, el que provocó las protestas. Más allá del acuerdo de paz multilateral, el movimiento que encabezó las protestas contribuyó a fortalecer la democracia representativa al llegar a un consenso que priorice las necesidades del ciudadano antes que las de organismos exteriores.
Sin embargo, en el 2020, con la llegada y expansión del COVID-19, el panorama político ecuatoriano no ha hecho más que empeorar. Inicialmente, con la cuarentena general las manifestaciones sociales se redujeron al punto de ser nulas. Pero, las normativas y medidas económicas adoptadas por el gobierno de Moreno han reanimado el malestar general latente desde antes de la llegada de la pandemia.
El 19 de mayo del 2020, el gobierno de Moreno anunció nuevas medidas económicas para sobrellevar la emergencia sanitaria que implicaría una serie de recortes en el sector público. Por ello, seis días después, estudiantes universitarios, profesores y trabajadores informales fueron parte de la jornada de protestas. Debido al contexto, las protestas variaron en cuanto al equipamiento y organización: una parte de los manifestantes llevaron puestas sus mascarillas médicas y respetaron el distanciamiento social recomendado. En este punto, cabe resaltar la ausencia del movimiento indígena que fue tan importante en las protestas del año pasado. La falta de centros médicos adecuadamente equipados y una postergación histórica del sector por parte del estado[7] han impulsado a los indígenas a adoptar sus propias medidas para afrontar la pandemia. Para suplir el vacío que deja el estado, este sector optó por recurrir a la medicina ancestral y un decreto de cuarentena en los pueblos indígenas por todo mayo. De esta manera, contribuyen a cumplir los objetivos y normativas del Estado para frenar la extensión del virus y “prestan” su capacidad al Estado.
Por su parte, el gobierno criticó las protestas puesto que aglomeraban un gran grupo de personas, lo que propiciaba contagios, además de que el sistema de salud había colapsado. Sin embargo, estas críticas no eran válidas, puesto que el incumplimiento del confinamiento general por parte de las personas para salir a clamar sus demandas no fue un evento aleatorio y deberían haberlas considerado como una posibilidad real. Según el internacionalista Farid Kahhat, la evidencia histórica nos muestra cómo los contextos pandémicos no han sido un obstáculo para las personas a la hora de salir a las calles para exigir sus derechos pese al riesgo de contagio. Asimismo, enfatiza que las protestas en Ecuador poseen una índole más económica que política (a diferencia de las protestas en Chile y Bolivia), por lo que la falta de recursos del estado es un problema grave.
No obstante, la salida de las personas de las calles pudo estar precipitada por un escepticismo hacia los efectos del virus, el cual se va diluyendo de la mentalidad de varios una vez las cifras de contagios y muertes a causa de la pandemia empiezan a aumentar. Esto hace que las protestas sean insostenibles a largo plazo. En realidad, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) decidió suspender sus protestas del 16 de julio a causa de priorizar la salud de los ciudadanos ante un aumento cuantitativo de víctimas del COVID-19.
Ahora, es casi imposible hablar de protestas sin tomar en cuenta la violencia. Acorde a Human Rights Watch, las fuerzas policiales actuaron negligentemente contra las personas al utilizar garrotes para golpearlos y arrojar gas lacrimógeno a corta distancia de las personas, además de causar la muerte de algunos y arrestar arbitrariamente a otros. De esta manera la Policía criminalizó sistemáticamente, estos casi dos años, a las protestas contra el gobierno al reprimirlas violentamente y actuó fuera de un marco institucional que vela por los derechos humanos de los ecuatorianos. La pandemia pudo haber provocado que los opositores al gobierno cambien el pasamontañas por la mascarilla médica. Pero, no ha podido cambiar las formas de represión.
[1] Seoane, J. y Taddei, E. (2001) “Protesta social, ajuste y democracia: la encrucijada latinoamericana”. En Observatorio Social de América Latina, Vol. 2, No. 4, pp. 37-44. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal4/cronologia.pdf
[2] Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) (2003) Los Impactos del neoliberalismo: una lectura distinta desde la percepción y experiencia de los actores”. Ediciones ABYA YALA, Quito. Disponible en: https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1524&context=abya_yala
[3] Minteguiaga, Analía (2012). Política y políticas sociales en el Ecuador reciente: Dificultades asociadas a la salida del ciclo neoliberal. Revista de Ciencias Sociales (Cr), I-II(135-136),45-58. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=153/15324015004
[4] Seoane, J. y Taddei, E. (2001) “Protesta social, ajuste y democracia: la encrucijada latinoamericana”. En Observatorio Social de América Latina, Vol. 2, No. 4, pp. 37-44.
[5] Tarrow, S. G. (1997). Power in movement. El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Alianza Editorial, Madrid. Disponible en: https://derechoalaciudadflacso.files.wordpress.com/2014/01/sidey-tarrow-el-poder-en-movimiento-los-movimientos-sociales-la-accion-colectiva-y-la-politica.pdf
[6] Lalander, R. (2012). “Movimiento indígena y revolución ciudadana en Ecuador”. Cuestiones Políticas, Vol.28, No. 48, pp. 13-50. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30192.pdf
[7] Los indígenas de Ecuador afrontan el coronavirus con su saber ancestral. 29 de mayo de 2020. EFE: Agencia EFE,, Ecuador. Recuperado de: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/los-indigenas-de-ecuador-afrontan-el-coronavirus-con-su-saber-ancestral/20000013-4258040
*Estudiante de Ciencia Política y Gobierno (PUCP) y miembro de la Asociación Civil Politai.
**La Asociación Civil POLITAI agradece a Renato Quiroz por publicar su comentario en este medio. La Asociación no comparte necesariamente las opiniones del autor