Por Valeria Soldevilla*
En los últimos dos años, todos los indicadores del “Índice de Democracia” elaborado por The Economist redujeron su puntaje o se mantuvieron estancados, a excepción de uno: participación política, que no ha dejado de ir en aumento desde el 2010. Los otros cuatro indicadores, proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, cultura política y libertades civiles, se han mantenido constantes o han declinado a lo largo de la última década. Este fenómeno ha sido especialmente manifiesto en América Latina. Durante el tercer trimestre del año 2019, las calles de las ciudades de nuestra región fueron testigos de la ciudadanía movilizada en protesta. En Bolivia, el escandalo de fraude tras las elecciones del mismo año llevaron a la población a movilizarse masivamente, en donde los movimientos indígenas jugaron un rol fundamental. En Chile, Ecuador y Colombia las protestas se dieron en rechazo de las políticas neoliberales, a las que en el último caso se añadieron graves escándalos de corrupción en el gobierno de Iván Duque. Particularmente, en Ecuador se rechazaba lo establecido por el decreto 883, anunciado por el presidente Lenin Moreno, que implicaba una serie de medidas de austeridad económica según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese entonces, lo que causaba cierta sorpresa era que mientras distintas ciudades latinoamericanas estaban ocupadas por una ciudadanía crítica y organizada, las calles de Lima también eran testigo de gran movimiento, pero los motivos fueron otros: se llevó a cabo la final de la Copa Libertadores alegremente. En efecto, no se habían dado movilizaciones así de masivas en nuestro país desde la Marcha de los 4 Suyos en el año 2000. ¿Era que acaso en Perú no teníamos motivos para protestar? No era así. De hecho, los reportes del Latinobarómetro mostraban que Perú es uno de los países de la región que más protesta. Sin embargo, todas las protestas realizadas en Perú desde el 2000 hasta las movilizaciones del noviembre pasado tuvieron demandas focalizadas y solían contar con limitada participación, por lo que no se articulaban en manifestaciones nacionales (Vergara y Watanabe 2016). De hecho, la mayoría de las protestas en Perú durante el siglo XXI han sido espontáneas y han tenido demandas precisas, de modo que su organización fue efímera y se disolvieron cuando las exigencias fueron resueltas o se dio un cambio de gobierno (Arce 2017: 477). En ese sentido, las protestas que se han venido dando en nuestro país en los últimos años tuvieron dificultades para agregar intereses a nivel nacional.
Definitivamente, los seis días de movilizaciones en noviembre del año pasado marcaron una diferencia significativa por su espontaneidad y su carácter masivo. Sin embargo, este acontecimiento no debe entenderse como un hecho aislado y absolutamente excepcional, como quisieron enmarcarlo los medios de comunicación hegemónicos al glamorizar la protesta. En la última década han existido antecedentes que si bien no han alcanzado los niveles del pasado noviembre, han demostrado la capacidad ciudadana de hacer retroceder al gobierno en temas de corte institucional y cívico. Por ejemplo, las movilizaciones contra la repartija de cargos en el congreso en el 2013, contra la Ley del Régimen Laboral Juvenil (también llamada ley pulpín) en el 2014, las marchas contra el indulto a Fujimori en el 2018 y contra la remoción de los fiscales a cargo del caso Lava Jato en 2019.
De la misma manera, las movilizaciones del 2020, aunque ciertamente de manera más contundente, demostraron que la ciudadanía tiene capacidad de veto al derrocar el proyecto autoritario de Merino. La indignación ciudadana ante la indiferencia de nuestros representantes en un contexto de crisis política y sanitaria reunió a diversos grupos en las calles con intereses y agendas que confluyeron y dialogaron. A modo de explicar las limitaciones, retos y éxitos de la sociedad civil organizada en protesta, se evidenciarán similitudes y contrastes con los casos chileno y ecuatoriano.
En primer lugar, la sociedad civil ecuatoriana está caracterizada por el histórico y articulado movimiento indígena, organizado durante las últimas décadas del siglo XX en una serie de agrupaciones (ECUARUNARI y la CONFENAIE, que luego funda la CONAIE). Estas fueron particularmente fuertes en la década de los 90, en donde lograron organizar protesta y huelgas a nivel nacional y formar una coalición política para participar en la arena electoral (Yashar 2005). Su capacidad, que se vio opacada en la última década, fue demostrada en los doce días de masiva movilización que protagonizaron a partir del 13 de octubre del 2019, forzando finalmente al presidente a dialogar y a derogar las medidas de austeridad que había implementado sin el debido proceso. Por nuestro lado, en Perú no contamos con una movimiento indígena organizado a ese nivel. Vergara y Watanabe explican que esto se debe al enorme daño causado por Sendero Luminoso a organizaciones rurales y campesinas durante el Conflicto Armado Interno (2016).
En segundo lugar, Chile cuenta con una historia de importantes movilizaciones que se han hecho presentes desde el regreso a la democracia en 1990 y destacan a partir del 2000. En 1991 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identificó un proceso de “ciudadanización de la política”. Este proceso implica que la ciudadanía se moviliza de forma autónoma, sin un acompañamiento partidario (herencia de la censura durante el gobierno militar de Pinochet) ni confianza a las instituciones mediadoras. Continuando, el siglo XXI en Chile ha estado caracterizado por olas de estallidos de protestas de gran alcance y con demandas articuladas: estudiantes en 2001, 2006, 2011 y 2013, trabajadores subcontratistas del cobre en 2007, asambleas ciudadanas territoriales desde el 2012 y un importante movimiento feminista desde el 2018 (Garretón 2019). Por su parte, en el Perú los movimientos sociales no han presentado una continuidad y articulación a ese nivel, y su actuar ha sido más reactivo que propositivo.
De ese modo, se observa que las movilizaciones que se han dado en nuestro país parecen haber sido consecuencia de reacciones ante diversos hechos percibidos por la población como indignantes (corrupción, repartija, encapsulamiento del Estado bajo intereses privados y particularistas) y no a partir de una articulación de propuestas y movimientos ciudadanos. El reto para la sociedad civil peruana tras el pasado noviembre del 2020 y las recientes elecciones presidenciales en donde el candidato Castillo fue electo con una corta ventaja es fortalecer los movimientos sociales y mantener el diálogo iniciado en las calles, en donde al igual que en Ecuador o Chile, confluyeron distintos actores y demandas.
Bibliografía
Garretón, M. (2019). Crisis De Representación, Movilizaciones Sociales Y Elecciones Presidenciales 2013 En Chile. En Elecciones Y Legitimidad Democrática En América Latina, Mayorga, F. (ed.) , 15-38. CLACSO, 2019
Vergara, A. y Watanabe, A. (2016). Peru since Fujimori. Journal of Democracy 27 (3) National Endowment for Democracy and Johns Hopkins University Press
The Economist Intelligence Unit (2019) Democracy Index 2019: A year of democratic setbacks and popular protest (Reporte)
The Economist Intelligence Unit (2019) Democracy Index 2019: A year of democratic setbacks and popular protest (Reporte)
The Economist Intelligence Unit (2020) Democracy Index 2020: In sickness and in health? (Reporte)
The retreat of global democracy stopped in 2018 (8 de junio de 2019). The Economist. https://www.economist.com/graphic-detail/2019/01/08/the-retreat-of-global-democracy-stopped-in-2018
Yashar, D. J. (1998) Contesting citizenship: Indigenous movements and democracy in Latin America. Comparative Politics, 31 (1), 23-42.
*Valeria Soldevilla, estudiante de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociada de la Comisión de Eventos.