Milagros Ávila*
El 17 de marzo del presente año, el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus en el que se restaura el indulto humanitario concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski para el presidiario Alberto Fujimori. Este controversial fallo se dio gracias al voto a favor brindado por los magistrados José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Ernesto Blume (El Peruano, 2022).
Las reacciones de la sociedad civil y política hacia este hecho fueron diversas, pero la que más pesó fue la negativa por parte de la población respecto a la posible libertad del condenado. Consecuentemente, las movilizaciones no se hicieron esperar y en distintas partes del Perú, las personas protestaron pacíficamente en contra del fallo (Andina, 2022), frases como “indulto es insulto” resonaba durante todo el trayecto, jóvenes y adultos marchaban para exigir justicia y dignidad.
Para entender mejor esta respuesta debemos remontarnos a los sucesos del 2017 alrededor de este caso. El Poder Ejecutivo, liderado por Pedro Pablo Kuczynski, fue el artífice de este fallo. Aunque al inicio se daba entender que esta decisión se tomaba por fines humanitarios, justificando la liberación de Alberto Fujimori por el estado de su enfermedad, se descubrió que más bien se trataría de una libertad concedida gracias a la negociación ilícita realizada por el presidente de ese entonces y Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori y excongresista, en el cual se daba el indulto a cambio de la no vacancia del presidente por parte del Legislativo (Huerta & Revollé, 2022). En la actualidad, este suceso está siendo investigado judicialmente.
Tomando en cuenta la definición de Estado de derecho que O’Donnell postula, se entiende que este es un sistema legal y democrático que se fundamenta en el cumplimiento de condiciones establecidas. Una de ellas “establece redes de responsabilidad y accountability que comportan que todos los agentes, privados y públicos, incluyendo los cargos más altos del régimen estén sujetos a controles apropiados y legalmente establecidos sobre la legalidad de sus actos” (2001).
Haciendo énfasis en el punto presentado, se puede observar cómo el indulto a Fujimori ha transgredido nuestro sistema, siendo que, tanto la decisión del 2017 y la del 2022, está conformada por irregularidades legales, incumplimiento de la ley y hasta posiblemente corrupción. Es por la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se puede revertir este hecho, pasó con Kuczynski tras sentenciar que la Corte Suprema tome cartas en el asunto y probablemente ocurra en la actualidad al no cumplir los lineamientos de un indulto humanitario (Andina, 2022). El tema de la libertad para Alberto Fujimori ha estado desde sus inicios marcado por sesgos políticos en donde se demuestra que no hay ningún respaldo legal detrás de estos hechos, sino que se trata más bien de un uso indiscriminado del poder para beneficio propio.
Frente a ello, el retorno y favorecimiento a un recurso que fue duramente criticado y que presenta cargos judiciales, marca un precedente que profundiza la problemática de la debilidad institucional en nuestro país. La crisis institucional en el Perú deviene en la fragilidad de estas entidades, que deben funcionar como pilares de la democracia al regular de manera legal y legítima a la sociedad. Es contradictorio que entes como el Tribunal Constitucional, que simbolizan la comprensión de la realidad social a través del impartición de justicia, tomen decisiones que violen su propia naturaleza.
La consecuencia directa que se ve reflejada en el aspecto social de nuestra nación es el incremento de la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema, pues se entiende este caso como un ejemplo de impunidad, resulta preocupante si se toma en cuenta que de por sí, según el Latinobarómetro 2020, solo un 16% de los ciudadanos peruanos encuestados confían en el Poder Judicial (2021).
En el plano internacional, esta situación no ha pasado desapercibida. Como menciona el diario El Peruano, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un mensaje el cual hace énfasis en la restricción del derecho internacional hacia los indultos en casos de violación de a los Derechos Humanos; por otro lado, la CIDH declara que el fallo obstaculiza su obligación con los casos de Barrios Altos y la Cantuta. Ambos pronunciamientos convergen en que la excarcelación de Alberto Fujimori es una gran falta al derecho de justicia (2022). Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos aclaró que el 06 de abril del presente año se realizará una audiencia para el cumplimiento de reparaciones en el caso de Barrios Altos (Zeballos, 2022).
Es necesario reconocer que las víctimas y los familiares de las mismas están siendo afectadas directamente con esta decisión. Pues, como declaró Esther Mogollón, vocera de la Asociación Nacional de mujeres afectadas por esterilizaciones, el indulto es un ataque a las víctimas, siendo que se están tomando “decisiones inhumanas, irrespetuosas e injustas respecto a esta situación” (RPP, 2022). La percepción de las víctimas es de injusticia y falta de apoyo de parte de los entes judiciales, es una forma de revictimización a las que se tienen que afrontar una vez más. Son ellos los que realmente necesitan una implementación real de un enfoque humanitario en su búsqueda de verdad y justicia.
Como conclusión, debemos observar el indulto a Fujimori como una decisión sesgada por razones políticas y no como un fallo legítimo. Más allá de lo mencionado, se puede tomar como crítica institucional el hecho que es un órgano internacional (CIDH) el que toma posturas más aterrizadas que nuestras propias instituciones, no es un aspecto negativo per se, pero sí resalta la carencia de objetividad en nuestros entes judiciales y políticos.
Cabe recalcar que la movilización social que hay en contra de este habeas corpus, muestra que la participación ciudadana no es pasiva con los casos que perciben como injustos, sino que está organizada para manifestarse. Hecho que se debe destacar dado que la sociedad civil se ha visto debilitada, ya sea por falta de civismo, de prejuicios sociales o por el mismo contexto de pandemia. A pesar de ello, el fallo del Tribunal Constitucional y la posible libertad de Fujimori abre paso a que se ejerza un derecho cívico necesario en la democracia. Siguiendo esta línea, es necesario redireccionar nuestra indignación para generar cambios reales, en donde no haya cabida a que este hecho se repita y que, en nuestro país, decisiones tan importantes no se hagan de manera improvisada, sin consulta de las víctimas y demostrando favorecimientos ilícitos.
Como aclaración final, es importante entender que se exige la revocación del indulto no por una razón de “odio”, sino de justicia. La historia del expresidente Fujimori estará marcada por la violación a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad que no tienen ningún tipo de justificación. Finalmente, la ciudadanía se debe mantener alerta a este caso y, sobre todo, aspirar a que en un futuro no muy lejano se pueda hablar de instituciones democráticas en las que la impunidad no sea más un problema.
Bibliografía
Alba, M. (13 de febrero de 2019). Alberto Fujimori: el indulto y su anulación [Cronología]. El Comercio.
Andina (18 de marzo de 2022). CIDH expresa profunda preocupación por fallo del TC a favor del indulto a Fujimori. Andina
Andina (19 de marzo de 2022). Ciudadanos realizan nueva marcha contra fallo que favorece liberación de Alberto Fujimori. Andina
Corporación Latinobarómetro (2021). Informe 2021-Adiós a Macondo. Latinobarómetro
El Peruano. (18 de marzo de 2022). TC emite fallo contra la anulación de indulto a Alberto Fujimori. El Peruano.
El Peruano (19 de marzo de 2022). Caso Fujimori: CIDH y ONU se pronuncian. El Peruano
Huerta, P. & Revollé, A. (18 de marzo de 2022). Indulto a Fujimori: todos caminos lo llevan de vuelta al penal de Barbadillo. La República
Mogollón, M (17 de marzo de 2022). “Es un ataque a las víctimas”: Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas cuestiona fallo del TC sobre caso Fujimori/Entrevistada por Jaime Chincha. RPP
O’Donnell, G. (22-23 de enero de 2001) La Irrenunciabilidad del Estado de Derecho [Ponencia principal]. Seminario Internacional La Reinvención de la Política y la Ciudadanía, Barcelona, España.
Zeballos, J. (26 de marzo de 2022). Corte IDH podría tomar decisión sobre indulto a Fujimori si se toma en cuenta ponencia de Blume. La República
*Milagros Ávila, estudiante de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociada de la Comisión de Publicaciones