Opinión

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Entrevista a Félix Reátegui: Para seguir viviendo unidos entre aquellos que están condenados a  seguir viviendo juntos
Realizada por Diego Uchuypoma Soria y Rosa Arévalo Leon[1]
23 de abril de 2013.

 

Félix Reátegui es Sociólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Fue jefe del comité editorial del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Actualmente es consultor del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) e investigador principal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEH-PUCP). Sus temas de estudio han sido la Justicia Transicional, los mecanismos oficiales y no oficiales de verdad y memoria en Perú y Colombia.

Justicia Transicional. Manual para América Latina es un libro recientemente editado por Reátegui que forma parte de un proyecto de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo.[2]

Este texto esta dividido en cuatro partes. En la primera, se realiza una revisión teórica sobre los conceptos y definiciones del campo de la Justicia Transicional (JT); así como, su aproximación a los estudios sobre las transiciones democráticas. La segunda parte, se concentra en el desarrollo de normas y doctrinas respecto al cumplimiento de la justicia y las obligaciones del Estado frente a violaciones de los Derechos Humanos (DD.HH.).

En la tercera parte, por un lado, se analiza los mecanismos empleados para acceder al derecho a la verdad, tales como la conformación de “comisiones de la verdad”; por otro lado, se reflexiona sobre el papel de la memoria en sociedades que han vivido un periodo intenso de violencia interna. Finalmente, en la cuarta parte del texto, se enfatiza  la importancia de las reparaciones y las reformas institucionales que permitirían alcanzar objetivos vinculados al desarrollo.

En agosto de este año se cumplirá el décimo aniversario de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Dada esta situación, consideramos importante motivar una reflexión académica respecto a los temas de justicia transicional, memoria y conflicto armado interno. A una década de la entrega de este informe, es necesario plantear nuevas investigaciones que tomen en cuenta los procesos políticos, sociales, económicos y culturales que vienen desarrollándose en nuestro país y como estos se pueden enlazar con lo sucedido en décadas anteriores, con sus causas y consecuencias. 

 

 

La Justicia Transicional recoge las críticas de la teoría de la modernización y recae en una mirada procedimental, dándole un rol importante a las negociaciones entre actores políticos, militares y económicos. En el Perú, este tema también fue planteado por Carlos Franco, quien cuestionó el paradigma de la democracia, pensada desde el ideal y no desde el mismo contexto político en el que se desarrollaba. En ese sentido, ¿cuáles fueron los riesgos de plantear este paradigma en los inicios de la JT? Actualmente, ¿se mantiene este paradigma o aparecen nuevos elementos para analizar la relación entre democracia y JT?

Lo primero que tendríamos que decir es que la matriz conceptual y política, en el origen del campo de la JT, fue el paradigma de transiciones. Sobre todo, respecto al razonamiento estratégico y los equilibrios de fuerza entre actores, pero también por la vía del diseño institucional para el mantenimiento de la democracia. Lo que da lugar al campo de la JT es la mezcla del “paradigma estratégico” con el “paradigma principista”, relacionado a los DD.HH. El problema que se plantea es, por un lado, cómo se pueden crear escenarios de equilibrios de fuerzas que permitan la consolidación de la democracia y, al mismo tiempo, pagando las deudas que la sociedad tiene con las víctimas de graves violaciones de DD.HH. En un inicio, uno podría decir que la JT ponía mayor énfasis en lo “transicional” que en la “justicia”, ya que la idea era como satisfacer a las victimas sin afectar los procesos institucionales de la transición. Poco a poco, el énfasis se desplaza hacia el elemento de la justicia. El reto fue cómo evitar negociaciones demasiado concesivas frente a violaciones de DD.HH., y por lo tanto cómo hacer arreglos institucionales que satisfagan los derechos de las víctimas a la justicia y reparación. En este contexto, el esquema de la JT que privilegiaba lo transicional frente a la justicia es cuestionado y abre paso a uno más equitativo entre justicia, verdad, reparaciones y garantías de no repetición.

La JT carga consigo el problema de sus orígenes institucionalistas, pero se abre cada vez más a cuestiones culturales, por ejemplo desde los estudios sobre la memoria. En ese sentido, creo que dialoga con la crítica de Carlos Franco ya que muestra que una democracia no solamente es un equilibrio o ingeniería institucional, sino también un conjunto de valores, de sentidos comunes y representaciones colectivas.

Considero que el riesgo se mantiene y todavía no existe una respuesta consensuada respecto a esta cuestión. Actualmente, la forma más específica de plantear este tema es desde la relación entre JT y desarrollo. No es suficiente cumplir con los derechos taxativos, como se conocen desde el Derecho, sino que se debe buscar una transformación en la sociedad que haga sostenible la democracia. El problema es que los temas de desarrollo y de construcción de la democracia exceden al campo de los DD.HH. Entonces, hay una tensión entre aquellos que solo se quieren ocupar de los derechos humanos y otros que plantean ocuparse en temas de transformaciones más exigentes en la sociedad.

 

 

En el texto se cuestiona si es posible utilizar la justicia transicional sin plantear el marco de la democratización, es decir, ¿qué otro enfoque podría seguir? Además, si dada la influencia de la región latinoamericana en la construcción conceptual de la JT, ¿es posible trasponer este marco de análisis a otras regiones?

A partir de los años ochenta ya no parece tan natural que las sociedades se autodestruyan en procesos de violencia. Por razones geopolíticas, pero también por aspectos normativos, comienza a aparecer el sentido común de que algo se tiene que hacer. Esto último es respondido desde diversos paradigmas, uno de los cuales termina por ser la JT, pero donde se mantienen otros como el de la construcción del Estado, de la Nación, de la paz o la intervención humanitaria.

La JT se desarrolla en el análisis de sociedades como la argentina, la chilena y de otras de Europa del Este. Estas sociedades tienen en particular que son más homogéneas o integradas que otras como la peruana, la colombiana, la guatemalteca o como las africanas. Mientras que en las primeras, los mecanismos de construcción de la democracia y el equilibrio institucional cobran importancia; en las segundas, la desigualdad social, política, económica y cultural genera que el paradigma de la democratización ya no sea suficiente.

 

En América Latina se ha avanzado mucho en cuanto a la rendición de cuentas de aquellos que cometieron, ordenaron y autorizaron toda clase de abusos. En ese sentido, se busca justicia tanto en la forma de hacer memoria, como en los juicios y penas. ¿Cuál es su posición frente a la reconciliación y la forma de hacer justicia en el Perú?

Personalmente soy muy escéptico, o mejor dicho, hostil al tema de la reconciliación. Considero que este tema tiene sentido en dos aspectos. El primero, en casos en los que hubo una “guerra civil y el país se dividió en dos o tres segmentos, por ejemplo en el caso de los Balcanes. Para seguir adelante como país se debe construir algún equilibrio y satisfacer recíprocamente entre estos segmentos.

El segundo punto, es en el caso de micro reconciliación, es decir, personas que tienen que seguir viviendo como vecinos luego del periodo de violencia. Retomando el caso de los Balcanes, el problema de la reconciliación aparece cuando al día siguiente de la paz, vas a comprar el pan y en la cola te encuentras al violador de tu hija. Además, porque los pobres, que son normalmente las victimas, no pueden darse el lujo de migrar. Si migran es porque han sido desplazados forzosamente. Entonces, tanto en los Balcanes, como en el contexto peruano, se plantea el tema de micro reconciliación, en el sentido de hacer arreglos para seguir viviendo juntos, o mejor dicho, para seguir viviendo unidos entre aquellos que están condenados a  seguir viviendo juntos.

Más allá de esto, considero que no hay otra reconciliación que no sea la justicia penal, el pago de reparaciones a las victimas y las reformas institucionales vinculadas con la forma en que se desencadenó y se desarrollo la violencia. En el campo de la justicia se ha avanzado mucho y se han desanudado temas como los relativos a la jurisdicción universal y los tipos penales que no existían antes, por ejemplo el tema de la retroactividad. Después de eso, lo que tenemos es la política, es decir la resistencia mayor o menor de algunos actores estatales a permitir que la justicia siga su curso, pero sobre eso el campo es muy variado. En el Perú tenemos alta resistencia, pero en otras sociedades como la argentina y la chilena las barreras de tipo político han sido vencidas en algunas oportunidades. Por ejemplo en Chile, lo que pasa es un avance más institucional, que viene de una reconversión de los aparatos judiciales. Mientras que en Argentina avanza, así sea instrumentado políticamente por Kirchner.

 

Si la construcción de memoria colectiva busca evitar la violencia e impunidad y debe mantenerse en la esfera pública con el objetivo de reconocer las consecuencias de estas. ¿En qué etapa se encuentra el Perú? ¿Hemos logrado asumir el proceso que esto implica?

Creo que el trabajo de una Comisión de la Verdad no marca el final sino el inicio de un proceso de memoria. En ese sentido creo que algo constructivo ha ocurrido en el país. Ahora bien, cuando digo “a partir del informe” no digo que necesariamente este coincidiendo con el Informe o en total acuerdo. Creo que ha servido como un acicate para que aparezcan nuevas y diversas iniciativas, unas que están conformes, otras que reclaman pequeños ajustes y otras completamente en desacuerdo. Eso es constructivo y productivo.

Considero que hubo algunos avances en comunicar y difundir alguna cultura y practica de la memoria. Pero sabemos que aunque son centenares de esas organizaciones, en la mayoría de casos son completamente pequeñas, débiles en el sentido técnico y financiero y carente de capital social, por lo que su impacto es limitado. Es un proceso de abajo hacia arriba que esta en efervescencia, que tiene alcances limitados por la naturaleza de las mismas organizaciones, que ha fracasado en lograr el efecto de arriba hacia abajo. Los procesos de memoria que se desarrollan desde el Estado tienen un canal privilegiado e insustituible. Mientras este proceso no se asuma desde el sistema de educación, la respuesta a la pregunta es negativa. Creo que no hemos logrado un éxito en cuanto a difundir las prácticas de memoria en ese sentido.

 


[1] Miembros de la Asociación Civil Politai.

 

 

 
Asociación Civil Politai                                                                                                                          Integrada por estudiantes de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú
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