Opinión

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Cambiando el lente frente a los conflictos sociales
Bernardo García Obando
25 de mayo de 2012.

Según la Defensoría del Pueblo el 58,6% de los conflictos sociales en el Perú son socioambientales, es decir, giran en torno al control y/o uso del ambiente y sus recursos. A primera vista pareciera ser que en estos conflictos se enfrentan visiones tradicionales y locales del uso de la tierra frente a intereses económicos nacionales y transnacionales. Ahora bien, la posición que toma la población movilizada no es siempre la misma. En algunos casos se trata de defender el medio ambiente mientras que en otros se defiende la explotación de recursos de manera informal. Efectivamente, la preocupación por la ecología es, y debe ser, una constante cuando de extracción de recursos se trata, pero en un país donde el ambientalismo no es precisamente una ideología de masas, la actitud tomada por la población genera la interrogante de por qué se da en un determinado lugar y momento. De igual manera el apoyo a la minería tampoco es un clamor popular pero vemos que hay un sector muy interesado en que ésta se desarrolle sin control alguno.

Enfocándonos en las protestas más recientes, el debate sobre Cajamarca y Madre de Dios se ha visto dominado por sus aspectos técnicos y las acciones de sus dirigentes, mientras que lo más importante, la motivación del hombre común para marchar se ha dejado de lado como si este fuera una contingencia más o una "herramienta" de los políticos. Habría que preguntarse si Gregorio Santos o los propietarios de denuncios mineros en Madre de Dios solo capitalizan los temores e intereses de la población que toma las carreteras y protesta en las calles. El problema no es que sean líderes ambiciosos o demasiado ideologizados, el problema radica en las necesidades y carencias de la población que movilizan. Si nos fijáramos en los recursos de capital (2) y como este se ve devaluado o recortado en las zonas de conflicto quizás podríamos encontrar nuevas aristas para la negociación con la población.


En Cajamarca el 94,3% de los habitantes vive en el lugar en el que nació mientras que en Madre de Dios un 42% de los habitantes viene de otro departamento. Esto podemos suponer que incide en el capital social de la población. El capital social es el conjunto de relaciones horizontales y verticales, es decir el stock de conexiones y confianza interpersonal de la población. En el caso de Cajamarca tendríamos una sociedad más enraizada e interconectada donde el poblador al verse forzado a dejar su localidad perdería también todas las conexiones interpersonales que ha establecido a lo largo de su vida y que le han ayudado a subsistir. En Madre de Dios en cambio tenemos un amplio grupo de individuos que llegan en busca de trabajo, sea en minería o agricultura, pero que no cuentan con un capital social como en Cajamarca, entonces, su interés material no está ligado a la previa existencia de relaciones en su nuevo entorno social  como si ocurre en el otro caso.

El capital natural, que es el medio ambiente y los recursos naturales, también se ve afectado o se puede ver afectado. Entonces el agricultor, que en Cajamarca es el 55.8%, ve amenazado su medio de supervivencia por la minería. A este hecho habría que sumar la desconfianza del ciudadano común a la capacidad reguladora en materia ambiental del Estado por lo que el poblador de la zona da por sentado un impacto ambiental negativo y significativo a partir de las experiencias previas como por ejemplo con la Mina Yanacocha. En Madre de Dios, en cambio, hay una mayor diversificación económica por lo que la defensa de la agricultura no es una prioridad pues solo el 17% de la población se dedica a ella, siendo la principal actividad, pero seguida de cerca por el comercio (14.1%), otros servicios(12,6%) y la minería con un 10.8%.

Algo que se critica frecuentemente sobre los líderes ambientalistas es que su protesta se limita a oponerse a la gran minería mientras parece no opinar sobre la minería ilegal y todos los males que acarrea. Esto se debe justamente a que los líderes no pueden actuar ajenos a las preocupaciones de la población que busca movilizar. La minería moderna a gran escala no requiere de mucha gente y de la que requiere por lo general necesita gente preparada con estudios de secundaria completa y quizás alguna formación técnica. La población económicamente activa tanto de Cajamarca como de Madre de Dios tiene amplios sectores que no cumplen estos requisitos, su capital humano se ve devaluado frente a los requerimientos de una economía minera moderna.


En Cajamarca el 74% de la PEA solo tiene a lo más primaria completa por lo que no califica para el mercado laboral formal y está lejos de cumplir los requerimientos laborales de una mina moderna. En Madre de Dios hay un 43.5% que a lo más ha terminado primaria y que tendría serias dificultades también para encontrar trabajo en una mina formal, pero la minería informal o ilegal si le permite no solo trabajar, sino también estar bien remunerado, más allá de los peligros para su salud. Por ello la minería informal es defendida en esta zona mientras en Cajamarca nadie ha reparado en la minería informal de Cajabamba, la protesta se vuelca solo contra la minería formal pues no ofrece alternativas claras de subsistencia a los pobladores.

Con este breve análisis podemos pensar que la afectación de los medios de subsistencia sumados a la incapacidad de mudar de actividad económica  son las preocupaciones concretas de la ciudadanía que rechaza los cambios rápidos y significativos en su entorno o labor. Este aspecto del conflicto es importante pues demuestra que este no es producto meramente del encuentro entre posiciones ideológicas o producto de un enfrentamiento entre modernización y tradición. Existe una preocupación real e inmediata frente a la minería que varía su sentido de acuerdo a las características socioeconómicas de cada región.

Mientras el pequeño agricultor o el minero ilegal no tengan opciones frente a la gran minería o la regulación ambiental no van a importar mucho los Estudios de Impacto Ambiental, las leyes o los acuerdos entre dirigentes, gobierno y empresa; pues el problema real persiste. Las estructuras sociales y económicas deberían ser lo primero que se tenga en mente a la hora de negociar. No se trata de atacar el discurso de los líderes sino de conocer las motivaciones de la gente para marchar.

* La Asociación Civil Politai agradece a Bernardo García (Estudiante de Ciencia Política de la PUCP) por publicar su comentario en este medio. La Asociación no comparte necesariamente las opiniones del autor.

NOTAS

(1) Defensoría del Pueblo. Reporte de conflictos sociales N°97. Lima 2012. En: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/50reporte-de-conflictos-marzo-n-97.pdf

(2) Bury, Jeffrey. "Minería, migración y transformación". En: "Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas". Lima: IEP: CEPES, 2007. págs. 232-235.



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