Opinión

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Legitimación de la violencia: Instituciones públicas y violencia doméstica contra las mujeres en Ayacucho
Sharon Gorenstein
22 de agosto de 2016

     

Este artículo de opinión es resultado de una investigación que realicé en el 2014 y 2015 en Ayacucho gracias a la iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones sobre Violencia, perteneciente al Instituto de Estudios Interdisciplinarios sobre Conflicto y Violencia (IKG), de la Universidad de Bielefeld, Alemania. Este estudio fue diseñado para tratar de entender cómo se legitima la violencia contra las mujeres. Todas mis entrevistadas son mujeres que poseen limitados recursos sociales y económicos, no poseen educación formal o sólo educación primaria, y dos de ellas son sólo quechua-hablantes. Para el propósito de esta artículo me enfoco en la experiencia de 10 mujeres que decidieron denunciar a sus agresores y en 19 entrevistas complementarias a actores locales pertenecientes a instituciones públicas.

Es importante recordar que diversas medidas legales han sido adoptadas en Perú para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Si bien las denuncias de este tipo de violencia son comunes, aún no se han visto mejoras importantes. Es indispensable que la búsqueda de soluciones considere las percepciones de mujeres maltratadas en relación a su contexto local y cultural. Particularmente, el sentido que las mujeres maltratadas le otorgan a la decisión de denunciar a su agresor y cómo las mujeres maltratadas percibieron la respuesta de los proveedores de servicios ante su denuncia.

Por un lado, existe data suficiente para aceptar el hecho de que Perú es un país con altos niveles de violencia contra la mujer, donde la mayor parte de dicha violencia se ubica en el ámbito doméstico (Boesten, 2012). Por otro lado, Ayacucho adquiere relevancia como contexto de estudio debido al efecto que causó el conflicto armado interno en las mujeres y en el desarrollo de instituciones públicas orientadas a prevenir, sancionar y reducir la incidencia de violencia doméstica contra la mujer. Previamente, la violencia doméstica era considerada como un problema exclusivo del espacio privado en el que las provisiones legales no eran capaces de incidir. Sin embargo, luego del conflicto armado interno el estado comenzó a categorizar a la violencia doméstica como un problema de interés público que requería la atención de instituciones públicas y del marco legal. Lamentablemente, luego de muchas intervenciones, aún existe un alto número de mujeres maltratadas y varias que siguen justificando a sus parejas agresoras y deciden no denunciarlos.
 

La performance contradictoria de las instituciones públicas

En junio de 1997, el congreso peruano aprobó la Ley de Protección contra la Violencia Familiar. Desde ese entonces, instituciones públicas dedicadas a disminuir la prevalencia de violencia doméstica aparecieron formalmente y crearon diversas normas y programas para luchar contra la violencia doméstica. Sin embargo, además de la influencia de la familia, la justificación y persistencia de la violencia doméstica contra la mujer está fuertemente relacionada a los valores comunitarios, así como al rol que juegan las instituciones públicas.

Las instituciones públicas funcionan como recursos que pueden ser usados para disminuir la incidencia de la violencia doméstica, ya que tienen el poder de demandar obediencia, aplicar sanciones e incidir en las creencias morales de los individuos (Bourdieu y Wacquant, 2005; Bourdieu, 2000; Waldman, 1995:431 en Imbusch, 2003). En algunas ocasiones, estas instituciones son gobernadas en base a reglas informales como convenciones y códigos de comportamiento (Brunckhorst, 2002; North, 1990) que reproducen ideas contradictorias desde la cultura local respecto a las mujeres maltratadas. En la cultura local de Ayacucho, la mujer es más valorada si conforma una pareja y construye una familia, haciendo evidentes sus roles de esposa[1] y madre (Gorenstein, 2015).

En este caso, las instituciones públicas que lidian contra la violencia doméstica en Ayacucho, como el CEM, la DEMUNA, la fiscalía y la policía poseen contradicciones significativas entre el marco legal que soporta sus líneas de acción y su aplicación efectiva. Por un lado, estas instituciones y sus programas intentan proteger los derechos de la mujer en casos de violencia doméstica. Sin embargo, no lidian con la violencia doméstica aplicando las leyes y reglas formales, sino utilizando estrategias de conciliación que reproducen ideas de la cultura local sobre la importancia de la familia y terminan por ejercer violencia institucional hacia las mujeres. Estas estrategias permiten a los hombres seguir siendo perpetradores y mantienen a las mujeres en una relación de dependencia y sumisión no sólo a nivel personal, sino a nivel institucional (Waldman, 1995:431 en Imbusch, 2003).

Finalmante, las ideas tradicionales sobre la familia en Ayacucho prevalecen sobre las normas legales. A través de estrategias de conciliación, y/o justificación de la violencia ejercida hacia las mujeres denunciantes, las instituciones públicas contribuyen a la tolerancia e incidencia de la violencia perpetrada por la pareja masculina contra las mujeres (Fernandez, 1997; Apter, 1996). Las instituciones públicas justifican la violencia de diferentes maneras, pero a veces esconden este enfoque en su discurso oficial. Sin embargo, en la práctica mantienen a las mujeres en un papel subordinado y de dependencia por verlas como un elemento sustancial y funcional del espacio familiar. Finalmente, estas instituciones funcionan como un actor clave que ayuda a legitimar la violencia doméstica. Si bien algunas denunciantes manifiestan tener la voluntad de seguir luchando ante su proceso, perciben y sienten limitaciones. Desde su perspectiva, estas limitaciones terminan por influenciar a que las mujeres dejen de lado la denuncia respecto a maltrato doméstico y se conformen con la búsqueda de apoyo por alimentos.


Reflexiones finales

Es un hecho que varias instituciones públicas y leyes se han establecido en Ayacucho –y en el Perú- para combatir la violencia doméstica contra las mujeres. Sin embargo, hay contradicciones sobre la base de reglas informales de la cultura local en relación con la pertinencia a una familia y el papel de la mujer en la misma. Las familias tienden a reforzar las relaciones de poder y dominación. Sin embargo, en el caso de las entrevistadas, cuando descubren que no cuentan con el apoyo de sus familias, comienzan a cuestionar en mayor medida su situación y deciden acercarse a las instituciones públicas y optar por la denuncia. Sin embargo, existen limitaciones que obstaculizan la denuncia de la mujer maltratada. Se tiende a culpabilizar a la denunciante por el maltrato sufrido, justificar la agresión o no prestarle atención por considerar al maltrato como una situación viable al interior de una relación de pareja.

Por otro lado, luego de atravesar varias limitaciones, algunas mujeres deciden continuar con el proceso de denuncia. En este proceso un factor importante es el papel que desempeñan las instituciones públicas contribuyendo a la continuación de la violencia por no castigar a los agresores o apoyar estrategias de mediación y conciliación. Los proveedores de servicios, desde las percepciones de las mujeres denunciantes, ignoran los derechos de la mujer, ya que no brindan el apoyo necesario a las mujeres que buscan salir de una relación violenta. Los casos de estas mujeres sugieren una explicación al por qué a pesar de las leyes y programas contra la violencia doméstica, los casos de denuncia no han evidenciado mejoras significativas. Las instituciones públicas, tienen el poder de incidir en las creencias morales tradicionales que justifican la violencia doméstica contra la mujer. También tienen la capacidad de incidir en la disminución o justificación de su persistencia. Sin embargo, en los casos observados, terminan por ejercer violencia institucional hacia las mujeres, influenciándolas a desistir del proceso de denuncia.

La percepción de las mujeres maltratadas está influenciada y formada en el proceso de socialización experimentado desde la infancia, no sólo por sus familias, sino también por las comunidades e instituciones. En este contexto, las mujeres aprenden discursos que justifican la violencia doméstica contra ellas. Sin embargo, en los casos observados, las mujeres denunciantes manifiestan un punto de quiebre en el que cuestionan la violencia contra ellas y, en algunos casos, dejan de justificarla. En este proceso la ausencia del apoyo familiar cobra mucha relevancia, ya que la influencia que pudieron tener en una primera etapa de justificación deja de tener la misma fuerza. Las instituciones públicas se convierten en un actor importante por poseer mayor poder formal y respaldo del marco legal. Sin embargo, en los casos observados, el poder termina por mezclarse con creencias tradicionales que ayudan a construir el proceso de legitimación de la violencia doméstica. 

 

 

[1] Puede estar casada o ser conviviente.

Referencias

Boesten, J., 2012. The State and Violence against Women in Peru: Intersecting Inequalities and Patriarchal Rule. Oxford University Press, pp. 1-22

Bourdieu, P., 2000. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 159 pp.

Bourdieu, P., and Wuacquant, L., 2005. Una invitación a la sociología reflexiva. Buenos Aires: Siglo Veintiuno

Brunckhorst, D. J., 2002. Institutions to sustain ecological and social systems. Ecological management & restoration vol 3 no 2 August 2002

Fernandez, M., 1997. Domestic violence by extended family members in India: Interplay of gender and generation. J Interpers Violence 1997 12, pp. 433-455

Gorenstein, S. 2015. Violence against Women in Post-conflict Ayacucho: Maltreated Women’s Perceptions and Institutional Legitimization. International Center for Violence Research – ICVR. Universität Bielefeld

Imbush, P., 2003. The concept of violence. In: W. Heitmeyer and J. Hagan, ed. 2003. International handbook on violence research Netherlands: Kluwer Academic Publishers, p. 13-39

North, D., 1990. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico.
México: Fondo de Cultura Económica

 

Descripción del autor: Sharon Gorenstein, licenciada en sociología por la Pontificia Universidad del Perú. Actualmente, es estudiante del doctorado en la Univrsidad de Austin Texas.

**La Asociación Civil POLITAI agradece a Sharon Gorenstein, licenciada en sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por publicar su artículo en este medio. La Asociación no comparte necesariamente las opiniones del autor.

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
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