Opinión

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¿Ausencia del Estado o convivencia con el narcotráfico?
Pavel Ugarte Céspedes
03 de mayo de 2012.

El senderismo es un fantasma que persigue la historia reciente de nuestro país, en vista de los años de terror que desencadenaron y la invisibilidad con la cual mantuvieron en jaque a las fuerzas del orden. Se hacía difícil visualizar al enemigo precisamente por la ausencia del Estado en regiones consternadas por el abandono, el surgimiento de Sendero Luminoso con la quema de ánforas en Chuschi en 1980 en la sierra centro-sur del Perú no fue casual.

A más de 30 años -y la historia es distinta- el pasado Lunes un grupo se autoproclama como una facción de este movimiento subversivo en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) donde el cultivo de la hoja de coca en su porcentaje casi total es destinado a la producción de clorhidrato de cocaína; secuestran a 36 trabajadores del Consorcio Camisea (sinónimo en la zona de otro tipo de economía) exigen un rescate de diez millones de dólares, un cupo de guerra mensual de 1 millón 200 mil dólares además de camisetas y calcetines entre otros pedidos irrisorios. En el transcurso de la semana en las “operaciones conjuntas de rescate”, derriban un helicóptero, victiman  4 efectivos policiales tanto como militares, hieren a más de una docena en los enfrentamientos, desaparecen dos suboficiales de la policía y según la información oficial el cerco de 1500 hombres permitió su liberación el último Sábado, sin enfrentamiento alguno, menos un detenido y presuntamente también sin rescate monetario.

Desde todas las tribunas del país voces indignadas manifiestan que estos “senderistas” merecen las sanciones más severas, aducen que el problema en la zona -ojo que no es reciente- es producto de la ausencia del Estado y me pregunto si es el mismo Estado que permitió nos convirtiéramos en la primera nación productora de cocaína, silencioso cómplice, engranaje de la economía delictiva que hoy no solo a enlutado familias sino también en aras del statu quo desplaza peruanos en la zona de conflicto. La historia de la droga en el Perú es bastante breve y sus notorios coqueteos con los gobiernos de turno nunca fueron novedad, en los 80s “mosca loca” ofreció pagar la deuda externa mientras otros narcotraficantes no ocultaban sus simpatías políticas, ya sea con dinero, ya sea con influencias, el Poder Judicial tiene absueltos y obviamente gran responsabilidad. En los noventas las más altas esferas del poder utilizaron aviones presidenciales y transporte naval del Estado para el tráfico ilícito que desembolsó lo suficiente como para mantener la corrupción que le abrió las puertas a la primera década del presente siglo, donde nuestro suelo patrio convertido en campo de operaciones del narcotráfico es el terreno en disputa entre el Cartel Colombiano y el Cartel Mexicano. A raíz de que el Cartel Mexicano ganó esta guerra con asesinatos en moto o en las mismas cárceles amparados de seguro por oscuros intereses que tienen su parte del tráfico ilícito, la costa norte por donde ahora sale la droga a México -el país que abastece al más grande consumidor del mundo, EE.UU- se ve infestado de violencia con mafias que cobran cupos y desatan crímenes; ahora, el Estado “ausente” no puede hacerse de la vista gorda como cuando el producto ilegal salía del Huallaga en aviones al país del vallenato.

El Gobierno reacciona al ver que en su puerta el fuego arde pero erróneamente pretende apagar el incendio en el patio trasero, en sorna lo que procuro proyectar es que desde el aparato estatal corresponde declararle una guerra manifiesta al comercio de cocaína, empezando por las restricciones de los insumos químicos para su producción, investigaciones sobre el lavado de activos, operativos en los puertos, leyes que faciliten la captura de los traficantes, no es concebible que seamos el primer productor del mundo y no hayan responsables fichados, no nos pueden decir que la División Antidrogas (DIVANDRO) no tiene investigaciones de inteligencia porque de los contrario sería sinónimo de complicidad; en el Legislativo sería bueno evaluar qué tanto se avanza en lucha contra el narcotráfico, además de creer que la erradicación de la hoja de coca es la única salida atentando contra la economía de subsistencia campesina, pues no son ellos los que se hacen millonarios, se hacen millonarios los productores, distribuidores y todos los que permiten la red de tráfico.

En el VRAE que ahora más que nunca es sinónimo de conflicto queda sentado que la ofensiva no es contra el “senderismo” porque su fundamentalismo caducó, es contra el narcotráfico que de momento no muestra el rostro. Los altos mandos militares le deben al Perú más de una explicación, por que donde ellos realizan “operaciones” para ubicar a los narcoterroristas, el periodismo consigue encontrarlos y registrar las declaraciones prepotentes e insultantes del cabecilla sedicioso ‘Gabriel’ que corrobora que aquí no hay principios ideológicos que le den norte a las acciones criminales, aquí se está ocultando a los protagonistas que desencadenan otro penoso episodio violento de la historia peruana.
 

Kepashiato queda exactamente a 2 horas de Kiteni que dista de Quillabamba en 4 horas, a su vez Quillabamba se ubica a 5 horas de Cusco, nos encontramos más cerca del problema de lo que imaginamos, no olvidemos que un gran porcentaje de la economía peruana es ilegal (1); definitivamente lo primero que debemos hacer es concebir al enemigo no sólo en las zonas de cultivo de hoja de coca sino también diseminado en el Estado donde no hay por qué cometer los errores de antaño yendo a quemar el monte, generando desplazados y un clima de incertidumbre extendida. Gracias al canon gasífero de una u otra forma la Provincia de La Convención tiene condiciones de infraestructura favorables, hay movimiento económico alrededor de las empresas que extraen el recurso gasífero, la agricultura en esta región sobrevive al desinterés de la economía liberal peruana que no ve en él mercado, haciéndolos presa fácil de la economía delictiva, aún así es difícil imaginarse que ideas violentistas tengan asidero, esta incursión subversiva tiene demasiados puntos ciegos, esperemos que sean voluntades honestas las que los evidencien.


La presencia del Estado no puede materializarse mediante una base militar y comisarías policiales, los atributos de la presencia estatal se deben manifestar a través de políticas sociales y económicas, lo acontecido debe ser observado cuidadosamente, identificando los actores y puntos neurálgicos del tráfico de estupefacientes. Hay familias que esperan a sus hijos y bastantes preguntas esperan respuestas, después de todo en el siglo XXI, es difícil concebir un ausente.

* La Asociación Civil Politai agradece a Pavel Ugarte (Antropólogo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco)  por publicar su comentario en este medio. La Asociación no comparte necesariamente las opiniones del autor.

 



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