Opinión

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Veinte años después del 5 de abril
Henry Pease García
05 de abril de 2012.

El fin de una época no se produce en un día, pero a veces se sintetiza en un hecho contundente.  El proceso fue largo y lo analicé en mi libro Los años de la langosta editado en 1994: sociedad y política cambiaron en medio de una larga crisis económica que se explicita desde 1975.  Sendero Luminoso destruyó importantes movimientos sociales que tras la ola de paros nacionales de fines de los 70 se encauzaron tras la apertura democrática en muchas formas participativas, presencia municipal además de sindical y asociativa.  La crisis económica que terminó en hiperinflación destruyó empresa, empleo y obviamente poder sindical.  Tras el triunfo de Fujimori en 1990 presento allí el autogolpe como “crónica de una muerte anunciada” describiendo los hechos que mostraban ese curso político. (1)
 

El autogolpe de un civil elegido por el pueblo nos hace recordar a Leguía que en 1919 hizo lo mismo para hacerse de todo el poder y gobernar autocráticamente once años (2). No es un golpe militar, la cúpula castrense ha sido previamente removida para colocar no sólo oficiales carentes de liderazgo sino asegurar que le debieran el puesto sólo a Fujimori y lo obedecieran más allá de la Constitución.  Los hilos los movía Montesinos y sus manos se notaban en la escena política antes del 5 de abril.

Este, como todo golpe, destruye lo avanzado en democracia, siempre en forma precaria porque el poder militar sirve de amenaza cuando no gobierna y destruye actores e instituciones cuando lo hace.  Pero esta autocracia ejerce un liderazgo conquistado con su capacidad de poner orden frente a dos miedos que vienen de fines de los 80: la hiperinflación y el terrorismo, capaces –cualquiera de las dos- de minar la raíz de un Estado. Esta autocracia se afirma en el liderazgo autoritario de Fujimori así construido, reorientando los miedos en otra dirección, destruye democracia y participación política implantando un liderazgo individual, caudillista y autoritario que cuaja en el largo plazo y hasta hoy muestra cómo ha penetrado en la manera de hacer política de muchos actores, alcaldes, dirigentes regionales y sociales incluidos.  No sólo se apoya sino se reinventa el clientelismo y el prebendalismo que siempre han estado presentes en la política criolla.

Muchas mentiras asentaron este proyecto. La primera fue que el Parlamento torpedeaba al Ejecutivo aunque toda la reforma económica se hizo dentro de la delegación de facultades que dio el Congreso 90-92 donde los parlamentarios elegidos por el FREDEMO y por Cambio 90 eran mayoría y tenían la misma posición en esta materia y tras la delegación de facultades no observaron ni revocaron los decretos.  En materia de defensa y seguridad hubo observaciones en defensa de la Constitución que luego se comprobó tenían razón, pero no convierten en obstruccionista a ese Parlamento.  La otra mentira, repetida hasta el cansancio, fue que Fujimori derrotó a Guzmán y el terrorismo.  Este gobierno apostó por la salida militar, como los dos anteriores aunque se benefició de la evaluación que de su experiencia ya tenía el Comando Conjunto.  El Presidente García, que tantas barbaridades hizo, tuvo sin embargo decisiones con mayor visión que crearon en la Policía Nacional, recién unificada, el GEIN. No fue el general victorioso (el militar que está en San Jorge por ratero) quien capturó a Guzmán junto con 2/3 del estado mayor senderista.  Fue el general de la policía, Antonio Ketín Vidal apoyándose en el trabajo del GEIN, grupo que todavía en el gobierno de García, junio de 1990, encontró el hilo que condujo hasta Guzmán a través del seguimiento paciente del aparato logístico de Sendero Luminoso comenzado al tomar la Academia preuniversitaria Vallejo. La noticia tuvo primeras planas en El País de España. Cuando tras dos años de paciente seguimiento capturaron a Guzmán,  Fujimori descansaba en la Selva con uno de sus hijos y sus ministros del Interior y Defensa no lo sabían.  El general Vidal se negó a entregar al prisionero al coronel del ejército que se lo exigió.  Luego le dieron “una patada hacia arriba” ascendiéndolo pero sacándolo de la DIRCOTE.

Como se ve no sólo fue la mentira del bacalao en su campaña o los cambios frente al flagelo del poder transnacional para implantar el famoso “consenso de Washington” en su versión más radical. Siempre la mentira es el punto de partida de la corrupción y aquí se extendió como un  virus imparable.  En “ La Autocracia Fujimorista” analizo este golpe y caracterizo el régimen político mostrando cómo se deformaron las instituciones políticas para que opere el poder omnímodo del autócrata y su socio siamés Montesinos, núcleo en torno al cual giran como círculos concéntricos actores militares y civiles que Francisco Durand presenta como Mafias amarilla, verde y blanca. (3)

En esta mirada, 20 años después, quiero centrarme en dos dimensiones para ver lo hecho y lo que perdura pero la economía y la política son inseparables y por eso no acepto que sea suficiente hablar de Estado neoliberal para caracterizar el cambio ocurrido sino para ver su continuidad tras la transición democrática.  El liberalismo es inconcebible sólo en la economía y varias experiencias neoliberales –como la de Pinochet y Fujimori- tienen que ser vistas  como “neoconservadurismo” porque son los conservadores de antes y ahora los que priorizan el autoritarismo sobre el ejercicio de las libertades políticas que obviamente no existen sólo en el momento electoral.  Pero el carácter mafioso del Fujimorismo enmarca otro elemento distintivo, no es sólo corrupción sino el uso de ésta y su lógica de chantaje sistemático para lograr la subordinación política, como lo demuestran ampliamente los vladivideos.

La reforma económica se hizo contra lo que sentía y reclamaba la mayoría de los peruanos que votó por Fujimori aunque después le diera apoyo pasivo cuando puso orden.  Pero objetivamente se hizo contra sus intereses y eso se mide en la enorme cantidad de empleo con derechos que se acabó y fue reemplazado por informalidad y por empleo sin derechos.  Se agudizó la desigualdad y la pobreza que Alan García elevó casi hasta el 50% superó esa valla y se instaló allí hasta finales del fujimorismo. El shock se hizo “sin anestesia” y el pragmatismo implicó, por ejemplo, que un buen proyecto del Banco Mundial –FONCODES- diseñado para ser masivo y darle salida no sólo asistencial a la extrema pobreza rural y urbana levantando capacidades y pequeñas obras, no tuviera financiamiento presupuestal cuando dejó el gobierno de temer la protesta popular masiva, imposible cuando  se ha destruido el tejido social.

Los empresarios peruanos también perdieron, subordinados a la dirección extranjera y forzados a caminar en un callejón estrecho y con márgenes limitados por el cual han transitado, muchos con éxito, pero muy lentamente.  Nadie que estudie la función de Boloña o Camet los puede ver dirigiendo ni el ajuste ni la política económica: lo que Fujimori hizo fue entregar la conducción económica  a los conductores del consenso del Washington en la famosa trilogía (FMI, BM, BID). Efraín Gonzáles de Olarte tiene un libro contundente que analiza el momento del ajuste y cómo se destruyó lo que existía con apuro tal que se parecían a los ladrones que entran en casa a robar y actuaban así antes que los pillen.  Hace un análisis comparado de los ajustes en América Latina que ubica al Perú como “ajuste neoliberal extremo” que no se da en la mayoría de países latinoamericanos.  Pinochet, por ejemplo, no privatizó CODELCO y mantuvo la capacidad estatal de planificar y definir políticas públicas, no la destruyó.  El estudio muestra cómo se destruyó la capacidad estatal de producir políticas públicas (4).  No sólo se vendieron a precio de huevo las empresas públicas sino se extranjerizó la privatización y los empresarios peruanos fueron, más que socios, gestores complementarios. Desde allí se tuvieron que hacerse espacio.

El consenso de Washigton no puede ser rechazado en su totalidad: pero no es un consenso político sino las conclusiones de un seminario de académicos y tecnócratas. Combatir la inflación, un manejo macroeconómico sano y los cambios que adaptan la economía a las nuevas tecnologías y la revolución mediática, eran necesarios y no los planteó el fujimorismo.  Pero ese poder fue usado desde el entorno transnacional para imponer su poder y aquí no tuvo que negociar con un empresariado en capacidad de hacerlo ni con un gobierno que se comprometiera en algo con éste y con las mayorías.  Fue la imposición casi mecánica que se muestra ya en la historia y que nos deja una correlación de fuerzas que sobrepesa el poder de una minoría y si no cambia algo de la mentalidad será origen de muchísimo conflicto social y político. La percepción de que todos somos ciudadanos “de segunda” ha ido cambiando en el empresariado que en democracia ha conseguido mejores oportunidades pero muchísimos peruanos, inconcluso con muchas capacidades, somos ciudadanos de segunda, no sólo porque se nos cierran las puertas sino porque con lo que pagamos en impuestos se subsidia a los grandes propietarios. Vean por ejemplo cómo en Olmos se gastó 20,000 dólares por Ha irrigada con nuestro dinero y se vende a menos de 5,000 por Ha y de tal manera que sólo pueda adquirirla la gran empresa y la fórmula ideada para que una partecita pueda licitarse de modo que dé oportunidades a pequeños y medianos agricultores no sale. (Caretas 2224)

El Estado destruido no se repone en sus capacidades. El superpoder del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impide el desarrollo de políticas públicas democráticas salvo que se limite a lo que su gran esfera de poder le otorga.  El sistema de planificación, destruido por Fujimori en vez de democratizarlo, no funciona porque el MEF lo impide. Se opuso sistemáticamente a la creación del CEPLAN durante el gobierno de Toledo y lo sacamos los parlamentarios por terquedad. ¿Existe alguna gran empresa que no haga planeamiento estratégico? No pero no es lo mismo planificar un Estado democrático que si sus políticas no articulan intereses de las partes se hunde en inacabables conflictos sociales, que hacerlo en el sector privado.  Pero para el MEF y mucha prensa sólo existe el interés privado por delante, sólo es técnico el que proviene de ese sector y antepone esos intereses. Por eso ante problemas como los de Conga o Bagua ven los hechos como producto de actividades subversivas sin entenderlos, es que están excluyendo a pueblos diversos y a ciudadanos de carne y hueso. 

Pero es todo el Estado el que está destruido. El núcleo de un Estado democrático es la planificación y el trazado de políticas públicas democráticamente, articulando intereses y necesidades diversas y contradictorias. Los ministros no tienen objetivos y políticas claras y los alcaldes y gobernantes regionales tampoco, aunque hay excepciones. Antes  de pensar cuál es el problema, qué hay que hacer y dónde, nos alcanzan una lista de empresas que quieren asociarse en inversión público-privada y esperan que ellas haga los estudios de factibilidad que muchas veces le hacen pagar al Estado el riesgo que corresponde al inversionista y algunos lo hacen destruyendo o cambiando la obra que se acaba de hacer. Es la herencia de un largo tiempo sin políticas sectoriales y con ministerios “de adorno”, salvo el MEF.  La transición en el gobierno de Toledo  inició la reforma del estado con la descentralización y dio capacidad de planificar su territorio a gobiernos regionales y locales, algo que el MEF no impidió también por terquedad parlamentaria pero le niega recursos y sustento institucional.  Tras lograr la ley el MEF con el gobierno de García sólo le dio recursos comparables a una ONG y la política del MEF sigue imponiéndose hoy para que defienda un modelo que ni en el planeamiento deja de priorizar casi a ciegas el interés privado. ¿Se entenderá alguna vez que este es legítimo sólo si respeta el interés público, por ejemplo?

La transición democrática iniciada por el gobierno de Valentín Paniagua y que incluye parte importante del gobierno de Toledo, acabó con la autocracia como régimen político y reconstruyó las instituciones políticas democráticas. No tenía poder para más no sólo por los actores políticos involucrados.  Fue un logro hacerlo no por otro golpe –que suele continuar la autocracia de otra manera- sino dentro del ordenamiento constitucional cambiado a duras penas por la incapacidad de mantener el consenso en la reforma constitucional. El comportamiento de los actores es, por lo menos poco democrático después de una larga autocracia y cualquier evaluación de cómo se confrontaba tras el primer gobierno de transición lo muestra.  En el Congreso dimos el ejemplo con dos Mesas Directivas concertadas y la primera parte de la reforma constitucional –reforma casi unánime- pero intereses partidarios cortoplacistas lo derribaron.  Aún así se desmontó mucho de las normas que deformaban las instituciones políticas, se dio la ley de transparencia y acceso a la información pública, que corrige la cultura del secreto tan impregnada en el Estado y la ley de partidos políticos y debieran volverse a leer los informes de las comisiones investigadoras y destacar lo que no se logró judicializar.  Antes el gobierno de Paniagua, además de su ejemplo de sobriedad y rectitud, metió en la cárcel a corruptos de alto vuelo (civiles y militares) como nunca antes ocurrió y se inició un proceso que a pesar de desvíos posteriores terminó poniendo entre rejas a otros más y le tocó luego el turno al autócrata por delitos que el mundo, no sólo el Perú ha reconocido y tras un juicio impecable para cualquier estándar internacional.

El autócrata violó derechos humanos pero no doblegó a aquella parte de la sociedad que los defendió desde la sociedad civil a partir de la década de los 80, luchando contra viento y marea. El informe de la Comisión de la Verdad abrió los ojos al mundo aunque los que por rabo de paja ideológico o práctico, que aquí abundan en las altas esferas, no lo quieran ver y lo combatan con todo tipo de instrumentos.  En democracia los métodos son otros, no se debe excluir ni a estos extremos y se debe deliberar. De la misma manera los caminos para enfrentar el poder del MEF y su exclusivismo en los intereses que prioriza no se enfrenta “con la pata en alto” ni a golpes y menos con violencia física o seudolegal. La libertad de acción política –esencial a todo gobierno representativo- incluye la deliberación, la protesta, encarar la mentira y graficar el conflicto de intereses. Obliga a priorizar los partidos y las instituciones de participación democrática.  Pero muchos actores siguen anclados en el caudillismo, el individualismo y el prebendalismo, herencia de la autocracia. Alcaldes que sólo saben negociar prebendas con sus Concejos y que no concertan ni escuchan al ciudadano que se organiza para influir y ser atendido más allá de la prebenda individual. Ministros que actúan haciendo caso omiso de la ley y se meten en el ámbito de las autoridades territoriales simplemente aplicando la ley del más fuerte. Parlamentarios incapaces de distinguir entre el interés público y el interés privado, incluido el suyo, son parte de esta débil democracia que no se fortalecerá en poco tiempo y que requiere continuidades, valores, organización y coherencia.  Si se lograra que avanzáramos por lo menos en la parte material de la inclusión social (vías, trenes, educación masiva de calidad, salud), si aseguráramos que la infancia vea desterrada la desnutrición y el abandono que limitará sus capacidades mañana, si la pregonada inclusión social no se limita a lo asistencial, necesaria pero insuficiente y enfatiza empleo juvenil e incremento de capacidades, avanzaríamos a mejores condiciones. Pero tras la autocracia es más lento y difícil construir un Estado democrático, partidos sólidos y un país para todos. El poder concentrado en tan pocas manos tendrá que ir viendo la necesidad de compartir, como lo entendió en la Europa de la segunda posguerra y la enorme crisis que vive hoy tendrá que hacerles comprender que sin Estado no hay sino una sucesión de crisis y que en ninguna parte es estabilidad lo que se alcanza excluyendo y golpeando sistemáticamente a las mayorías. 

 * La Asociación Civil Politai agradece a Henry Pease García (Director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP)  por publicar su comentario en este medio. La Asociación no comparte necesariamente las opiniones del autor.

NOTAS  

(1) Pease García, Henry. Los años de la Langosta. La escena política del fuijimorismo. IPADEL Lima 1994.

(2) Planas, Pedro. La República Autocrática. F.Ebert Lima 1994.

(3) Pease García, Henry “La autocracia fujimorista” Del Estado intervencionista al Estado mafioso” Fondo editorial de la PUCP y Fondo de Cultura Económica (FCE) Lima 2003

(4) Gonzales de Olarte, Efraín. Neoliberalismo a la peruana, economía política del ajuste estructural. IEP-Consorcio de investigación económica Lima 1998.

 
 
 
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