Opinión

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Venezuela y los tonos grises 
Farid Kahhat Kahatt 
23 de febrero de 2014.

En su comunicado sobre la situación en Venezuela, Mercosur respalda al gobierno de Nicolás Maduro ante “los intentos de desestabilizar el orden democrático”, repudia “todo tipo de violencia e intolerancia que busquen atentar contra la democracia y sus instituciones”, e insta a “continuar profundizando el diálogo sobre los problemas nacionales, en el marco de la institucionalidad democrática y el estado de derecho”. Es decir, la posibilidad de que una de las preocupaciones de cuando menos parte de los manifestantes sea precisamente la degradación del orden democrático y la vulneración del estado de derecho, no es contemplada en lo absoluto. Eso en un país en que el partido oficial copa todas las instituciones del Estado, y en que el gobierno emplea medios públicos para hacer proselitismo y acosar a los partidos y a la prensa de oposición.  

El anterior es un ejemplo más del uso que se les da a los  mecanismos regionales de respaldo a la democracia representativa (desde la Carta Democrática Interamericana de la OEA, hasta el Protocolo de Ushuaia del Mercosur). Estos han sido sometidos a un tácito acuerdo de mínimos: de un lado, no parece importar que una campaña electoral no cumpla con los requisitos necesarios para que la elección sea considerada libre y justa, siempre y cuando no se produzca un fraude ostensible en el recuento de votos. De otro lado, no parece importar cómo se ejerza el gobierno entre una elección y otra, siempre y cuando no se produzca una interrupción irregular del mandato presidencial. Es decir, salvo circunstancias extremas, los Estados involucrados prefieren no invocar esos mecanismos.  

Nicolás Maduro intenta justificar la conducta de su gobierno alegando que enfrenta a una oposición a la que tilda sin distingos de “fascista”, la cual buscaría propiciar un golpe de Estado. Cuando uno recuerda que los “Frentes Populares” contra el fascismo que promovía en la década del 30 la Internacional Comunista solían incluir partidos liberales, no deja de llamar la atención que Maduro no encuentre diferencias allí donde incluso Stalin era capaz de percibir matices. Pero la acusación según la cual cuando menos parte de la oposición busca propiciar un golpe de Estado no carece de cierto asidero.

Por ejemplo, al entregarse ante la Guardia Nacional de su país, Leopoldo López dijo que “la salida tiene que ser pacífica, la salida tiene que ser dentro de la Constitución, pero también tiene que ser en la calle”. Por “la salida” se refería a la salida del gobierno de Nicolás Maduro. El problema con eso es que, salvo una inesperada renuncia a la presidencia por parte de Maduro, las “salidas” que prevé la Constitución venezolana son dos: o bien convocar a un referendo revocatorio una vez cumplida la mitad del mandato presidencial (para lo cual faltan más de dos años), o bien ganar la siguiente elección presidencial. Es decir, “la salida” que tiene en mente parte de la oposición no pasa precisamente por los mecanismos establecidos por una Constitución que, de cualquier modo, consideran ilegítima. Recordemos sino que María Corina Machado, principal aliada de López en la campaña por “La Salida”, fue uno de los firmantes del acta de constitución del gobierno de facto que pretendió reemplazar a Hugo Chávez tras el fallido golpe de Estado de 2002.  Y en forma reciente coincidía con el mensaje que, según su propia versión, habría hecho llegar al Departamento de Estado de los Estados Unidos el dirigente opositor Ramón Guillermo Aveledo: “la única manera de salir de esto es provocar y acentuar una crisis, un golpe de Estado o un auto-golpe”.

Podría argumentarse que propiciar un  golpe de Estado sería una opción legítima ante un régimen al que sólo cabe calificar como autoritario. Pero incluso si aceptamos la premisa de que estamos ante un régimen autoritario, hay varios problemas con ese argumento. El primero es que el tiro podría salirles por la culata: tal vez no sean un producto del fallido intento de golpe de 2002, pero el hecho es que antes del mismo no existían en Venezuela ni el “Socialismo del Siglo XXI” ni la reelección presidencial indefinida. En lugar de propiciar divisiones dentro de la élite gobernante (requisito habitual para una transición hacia la democracia), una oposición que privilegie la confrontación puede propiciar la unidad de esa élite, y su eventual radicalización. De otro lado, parece poco probable que la oposición  pueda prevalecer en una confrontación en la que el régimen es capaz de movilizar en su favor no solo a las fuerzas del orden, sino además a grupos paramilitares y a una proporción significativa de la población. Por último, incluso un régimen autoritario puede ser derrotado en las urnas: Pinochet dejó el gobierno tras perder un referendo concebido para eternizarlo en el poder. 

*La Asociación Civil POLITAI agradece a Farid Kahhat por autorizar la publicación de su artículo por este medio. El artículo fue originalmente publicado en su columna de América Economía (http://goo.gl/CbhXU2). La Asociación no comparte necesariamente las opiniones del autor.

 

   

 

 

 
 
 
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