Por Estefany Martínez* y Paola Velarde**
A poco más de un año de haberse comunicado las primeras medidas para enfrentar la pandemia que aún nos golpea, es lamentable constatar que la violencia contra la mujer no se ha detenido, al contrario, cifras preocupantes nos confirman que tampoco estábamos seguras en nuestros hogares. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se registró un incremento de llamadas a la línea 100 en un 97% entre enero y diciembre del año 2020[1]. Asimismo, durante ese mismo año se viralizaron videos sin sonido[2] que animaban a posibles víctimas a denunciar casos de violencia dentro de sus casas, tomando en cuenta las dificultades que enfrentan estas personas para solicitar ayuda. Esto da cuenta que, en un contexto particular como lo fue el confinamiento social obligatorio y el cumplimiento de medidas de aislamiento, se necesitan de mecanismos por parte del Estado que se adecúen a esta situación sin minimizar el riesgo al que aún están expuestas miles de mujeres y niñas que conviven con su agresor, pero también del peligro que aún persiste en las calles. No obstante, estas medidas no fueron suficientes, y son los dramáticos casos de las mujeres desaparecidas evidencia de la deficiencias del Estado para abordar este problema durante el Estado de emergencia.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo[3], durante el año 2020 5521 mujeres fueron reportadas como desaparecidas: 1.686 mujeres adultas y 3.835 menores de edad. Aún así, se estima que durante los primeros meses de la pandemia el número pudo haber sido mayor. Y es que, si bien se puede decir que las medidas de confinamiento pudieron reducir los casos de desaparición, lo cual se vio en el mes de marzo en comparación con enero y febrero, la Defensoría también identifica algunos factores que pudieron obstaculizar el proceso para realizar alguna denuncia: las medidas restrictivas y el desconocimiento generalizado de funcionamiento de las instituciones[4].
A la ausencia de mecanismos para la atención oportuna de casos de desaparición durante el confinamiento se suma la falta de articulación entre instituciones del Estado para la recolección de datos. Por un lado, la Defensoría del Pueblo registró 915 denuncias de desaparecidas durante la cuarentena; por otro lado, el Ministerio de la Mujer reportó 1200 desapariciones. Finalmente, el Ministerio del Interior muestra cifras que incluso duplican lo mencionado previamente, ya que señala que la Policía recibió 2766 denuncias de desaparición de mujeres durante el 16 de marzo y hasta el 30 de julio de 2020. La falta de articulación entre instituciones impide a su vez un adecuado seguimiento del problema, lo cual genera serias y preocupantes consecuencias a corto y largo plazo.
Así, una nota del portal DW[5] también menciona otro dato preocupante: de los 138 feminicidios que se registraron en el país el año pasado, 34 (más de una cuarta parte) involucraban a víctimas que habían sido reportadas como desaparecidas anteriormente, lo cual sugiere un deficiente accionar de la Policía para abordar esta problemática, tanto en la búsqueda de la persona como, en caso de ser encontrada, la implementación de mecanismos de protección para que las víctimas no se encuentren en situación de riesgo. Asimismo, el reciente caso de Judith Machaca[6] nos recuerda el vínculo entre los casos de desaparición y la trata de personas, tema que debería adquirir mayor relevancia por las miles de víctimas cuyos derechos siguen siendo vulnerados[7]. También reafirma la necesidad de reformas urgentes en la PNP, las constantes acusaciones de negligencia de parte de efectivos policiales que desestiman las denuncias de los familiares afectan directamente la posibilidad de encontrar a la víctima durante el periodo más importante, las primeras 48 horas.
Desde el año 2003 se cuenta con la ley 28022, que creaba un Registro Nacional de información de personas desaparecidas, sin embargo, fue necesario que se publique el Decreto Legislativo N°1428[8] en 2018, es decir, 15 años después, para fortalecer el sistema de búsqueda con énfasis en las personas en situación de vulnerabilidad. Esto implicaba también nuevas herramientas tecnológicas y plataformas digitales que facilitarían las labores entre las distintas instituciones y autoridades competentes en el tema. Aún así, las cifras demuestran que estos cambios no fueron correctamente implementados e insuficientes para atender casos de desaparición dentro del contexto de distanciamiento social que nos impuso la crisis sanitaria desde inicios del año pasado. Tomando en cuenta que la pandemia continuará, por lo menos, en lo queda del 2021, resulta indispensable aplicar mecanismos de respuesta remotos y rápidos que aseguren el debido seguimiento de los casos sin exponer a los familiares al contagio, como canales de atención virtuales para realizar denuncias, ampliación de las vías de comunicación virtuales con los familiares para reducir las visitas a las comisarías, entre otros. También se podría ampliar el programa de Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU)[9] que implementó el MIMP durante el Estado de emergencia para velar por la salud mental de las familias de las desaparecidas, aspecto que muchas veces pasa desapercibido en este duro proceso. A los tiempos de incertidumbre que ya se viven, el gran impacto que genera una desaparición en varias familias del país es algo que no podemos dejar de lado ni mucho menos minimizarlo.
Referencias bibliográficas:
- [1] MIMP (2021). Línea 100 del MIMP incrementó en 97 % las atenciones de llamadas durante el 2020. (Nota de prensa). https://bit.ly/3rKec1b
- [2] MIMP (2020). Video Silencioso alienta a las víctimas a denunciar la violencia de género. (Nota de prensa). https://bit.ly/31xaTzx
- [3] Defensoría del Pueblo (2021). ¿Qué pasó con ellas?. Reporte Igualdad y No Violencia N° 11 – Diciembre 2020 – Balance anual. https://bit.ly/3wiLFD5
- [4] Defensoría del Pueblo (2020). ¿Qué pasó con ellas?. Reporte Igualdad y No Violencia N° 05 – Junio 2020 – Balance semestral. https://bit.ly/3sDtciA
- [5] DW (2021). Más de 5.500 mujeres peruanas fueron dadas por desaparecidas en 2020. https://bit.ly/3m7I9Xs
- [6] Collins, D. (18 de marzo de 2021). ‘Judith never came home’: deadly fate of ‘disappeared’ women in Peru. The Guardian. https://bit.ly/3m9Vmis
- [7] Fernández, L. (30 de julio de 2020). Trata de personas: hubo cerca de 5 mil víctimas en los últimos 4 años en el Perú. https://bit.ly/3w9McHD
- [8] Decreto Legislativo N°1428. Publicada el 15 de septiembre de 2018. https://bit.ly/3m9Xzug
- [9] MIMP (2020). Centros Emergencia Mujer inician retorno gradual de actividades presenciales en el país (Nota de prensa). https://bit.ly/3drMnFL
Estefany Martínez*, Estudiante de Ciencia Política y Gobierno (PUCP) y miembro de la Asociación Civil Politai.
Paola Velarde**, Estudiante de Ciencia Política y Gobierno (PUCP) y Directora de Comisión de Economía de la Asociación Civil Politai.